Después de negar con razonamientos lamentables en los tres últimos meses la cuota inicial de refugiados que la Comisión Europea aprobó adjudicar en mayo a España, Mariano Rajoy ha aceptado finalmente a regañadientes y afirmando que lo hacía «con la que está cayendo» la cifra de 14.931 refugiados asignados en este segundo reparto, que se suman a los primeros 2.739 que el Gobierno de Rajoy había aceptado de mala gana. Un presidente del Gobierno que ha llegado a afirmar sin inmutarse que «una cosa es ser solidario y otra cosa es ser solidario a cambio de nada», habrá encontrado algo apetecible que le haya obligado a aceptar tres veces más refugiados de los que se venía negando a acoger.

La llamada de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a crear ciudades de acogida fue secundada con tanta rapidez como entusiasmo por municipios, instituciones y numerosas personas que vieron la posibilidad de canalizar toda esa congoja contenida durante meses ante tanta barbarie a la que llevamos años asistiendo sobre Siria y Oriente Medio. El Ayuntamiento de Alicante también se sumó con rapidez a la iniciativa y una incipiente Red Alicantina de Familias de Acogida de Refugiados (RAFAR) ha venido realizando un trabajo verdaderamente destacable, demostrando que nuestros gobernantes no están a la altura moral de una sociedad que es capaz de hacer realidad la palabra solidaridad cuando más se necesita. El Gobierno y el PP no podían seguir ajenos al drama haciendo declaraciones fuera de lugar cuando la marea de solidaridad ciudadana les pasaba por encima, y aunque fuera a regañadientes tuvieron que empezar a mover ficha, poniendo en marcha un dispositivo que hace meses tenían que haber movilizado. Pero no nos engañemos, la proximidad de las elecciones generales, junto a la presión que Europa y particularmente Alemania han ejercido, han influido también en este cambio de postura del PP hacia los refugiados sirios, aunque sin convicción y no desaprovechando la oportunidad para arrojar dudas entre la opinión pública de que entre estos refugiados acogidos vaya a haber «terroristas yihadistas», como ha dicho tan pancho el inefable Ministro Fernández Díaz.

Pero la gravedad de la crisis a la que Europa tiene que hacer frente debería llevarnos a todos a un ejercicio de responsabilidad, sabiendo que ni la situación de los refugiados se ha resuelto con este reparto incompleto, ni las instituciones europeas están reforzando sus políticas y dispositivos, ni mucho menos la guerra en Siria y los conflictos en Oriente Medio que alimentan esta situación están lejos de pacificarse. En estos momentos hay decenas de miles de refugiados e inmigrantes deambulando por Europa sin que se sepa qué va a ser de ellos.

Hasta Europa han llegado solo este año cerca de 500.000 refugiados, sin contar los que llegaron en los pasados años, de manera que este doble reparto aprobado por la Comisión por una duración de dos años solo actuaría sobre una tercera parte de los recibidos este año. Nada se dice del resto de refugiados y mucho menos de los que previsiblemente sigan alcanzado Europa. Al mismo tiempo, la ausencia clamorosa de una política común de asilo y el incumplimiento de facto de la legislación europea en materia de asilo, particularmente del acuerdo de Dublín y el Reglamento del Parlamento y del Consejo de 2013, exigen con urgencia la aplicación de una normativa común clara y consensuada. Bien haría Europa en clarificar su política hacia Siria y Oriente Medio, evitando la masacre de la población civil, estableciendo corredores humanitarios y zonas de exclusión aérea, pero sobre todo impidiendo con todas sus fuerzas la prolongación del conflicto. Sin actuar sobre el origen de esta guerra tan salvaje como cruenta no se impedirá que siga aumentando el flujo de refugiados en la región y sobre Europa.

España también debería abandonar esa doble moral que tiene ante Europa en materia de asilo y refugio, que le lleva a cuestionar y dificultar las políticas acordadas pero reclamar y exigir dinero a costa de esos mismos refugiados e inmigrantes a los que rechaza. El Gobierno español ha ocultado que ha sido el tercer país europeo en recibir fondos para asilo y refugio de la UE en medio de esta crisis, por encima incluso de Italia, Grecia y Hungría, hasta un total de 259 millones de euros, a los que ahora se sumarán los 106 millones de euros que recibirá por la acogida de refugiado sirios, a razón de 6.000 euros por cada uno. Bien haría el Gobierno en explicar el empleo y la distribución de estos cuantiosos recursos.

También en Alicante se debería aprovechar para estructurar un dispositivo estable de acogida de personas que abandonan sus países y que requieren atención, algo que por desgracia vamos a necesitar en el futuro. La provincia debería contar con un CAR (Centro de Acogida a Refugiados) de carácter permanente y reclamarlo ante el Gobierno central y el Consell.

Ahora bien, nos enfrentamos a una situación que va a prolongarse en el tiempo, que requiere de la máxima coordinación institucional, que va a cambiar en profundidad las políticas de asilo al tiempo que va a endurecer notablemente las políticas migratorias. Bueno es que nos preparemos cuanto antes para todo ello.

@carlosgomezgil