En unos días tendrá lugar en el Tribunal Supremo y en la Comunidad Valenciana el solemne acto de apertura de tribunales y del año judicial que, como sabemos, se desarrolla cada año en el mes de Septiembre, que es cuando coinciden todos los inicios de curso en todos los sectores, escolar, judicial, etcétera. Siempre con nuevas ideas, con nuevos impulsos, con nuevos proyectos, y, sobre todo, -o al menos así debería ser- con ganas de introducir cambios que mejoren la prestación de los servicios públicos. Y ello, aunque desde muchos sectores de la ciudadanía siempre se miren con recelo los cambios en la forma de hacer las cosas, en cómo debemos trabajar y en qué medida nuestra rutina diaria debe cambiar. Porque, eso sí, este es uno de los males que asolan a nuestra geografía: que los cambios asustan, aunque nos digan que van a ser para mejor, porque aunque sepamos que deben cambiar las cosas, a muchas personas les paraliza saber que deben aprender algo nuevo y que lo que antes sabían ya no sirve de nada, porque hay que seguir aprendiendo de las novedades que los avances y las necesidades de la sociedad nos exigen.

Pero, sobre todo, en justicia, los avances y las mejoras deben estar a la orden del día y esto lo hemos visto en las nuevas leyes que desde el departamento del Ministerio de Justicia se han aprobado en los últimos doce meses, con una reforma del proceso civil que se aprueba este mes en el Senado para agilizar los conflictos civiles entre los ciudadanos, e introducir de una vez las comunicaciones electrónicas entre los profesionales y ciudadanos y los órganos judiciales a partir del 1 de enero de 2016; con dos textos legales que introducen medidas relevantes para proteger a los menores de edad tan necesitados de protección ante una sociedad que les ataca constantemente hasta presenciar hechos execrables de padres a sus propios hijos, algo anti natura como escribíamos en estas mismas líneas hace unos días; con reforma del proceso penal para agilizar las causas penales, sobre todo los casos complejos y los de corrupción, otra reforma del funcionamiento de la respuesta de los juzgados para mejorar la unificación de criterios en estos y conseguir unidad de criterio, potenciando, también, la especialización de los juzgados. Cambios, también, de importancia para seguir luchando contra la violencia de género con medidas hasta en cinco textos legales para ir avanzando en la protección de las víctimas de violencia de género que en muchos casos todavía siguen calladas porque no saben qué derechos tienen, donde ejercitarlos, qué les pasará cuando denuncien, qué trámites seguirá su denuncia, qué deben hacer ellas, si se les va a proteger debidamente, o van a quedar a expensas de lo que el destino o la suerte quieran hacer con ellas, etcétera. Y, sobre todo, explicarles a ellas estas reformas, que desde mi punto de vista es lo más importante, porque, como expuse este Verano en una ponencia en Santander en los cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo, de nada sirve que se aprueben medidas en nuevas leyes si no somos capaces de transmitirles a ellas e informarles de estas mejoras y que las conozcan. Porque las víctimas no se leen el BOE, no se suscriben a información jurídica o técnica y bastante tienen con ser víctimas. Y es que si queremos ser eficaces en luchar contra fenómenos tan graves donde las víctimas siguen sin saber si pueden confiar en nosotros hay que llegar a ellas con información clara y concisa sobre lo que se está haciendo. Por ejemplo, se acaba de aprobar la ley del estatuto de la víctima del delito que exige que se facilite a la víctima información constantemente del estado del procedimiento penal, que se preserve siempre la identidad y sus datos personales, que pueda opinar antes de que se adopten medidas sobre el acusado/condenado, que si se le va a poner en libertad lo conozcan ellas antes y que se les garantice su seguridad en todo momento, y que no pase como hasta la fecha en que se encontraban a quien les había agredido en la calle sin saber que había salido en libertad.

En otro orden de cosas también se introducen mejoras en la tramitación de los accidentes de tráfico potenciando la mediación y los cauces para una pronta solución del conflicto con las aseguradoras, una vía, esta la de la mediación que en este nuevo periodo que se abre ahora debemos potenciar para dar más trabajo a los profesionales que se abren camino laboral y para los que ya estaban nuevas vías de trabajo y para que los ciudadanos puedan resolver sus conflictos de una forma más ágil.

En definitiva, un año nuevo que debemos arrancar con ganas, con espíritu innovador, pero sobre todo con la ilusión de que podemos ser siempre mejores y hacer las cosas de forma distinta a como hasta ahora lo hacíamos, pensando que sin ilusión y sin espíritu de avanzar y cambiar para mejorar las sociedades se duermen y los problemas subsisten por quienes patrocinan el inmovilismo.