Una de las obsesiones de los técnicos del Banco Europeo de Inversiones en sus visitas a la provincia para comprobar el ritmo de ejecución del fallido trasvase Júcar-Vinalopó era que sus interlocutores en el Gobierno y la Junta Central de Usuarios les explicaran al detalle cómo se iba a pagar el agua recordándoles, además, la obligación que había de la recuperación de costes por parte del usuario y sin ayudas públicas. Un par de años después, la política de las subvenciones, algo de lo que no quieren ni oír hablar en Bruselas, vuelve a la actualidad por el problema que tiene el Ministerio de Agricultura para convencer a los agricultores alicantinos y murcianos de que acepten el uso de la prohibitiva agua de las desaladoras, forzado por la sequía que machaca la cabecera del Tajo, un río con agua de sobra, como el Ebro, pero en el que no se han hecho los deberes, y ahora la situación es límite. Los agricultores e, incluso, la mayoría de las familias, no pueden pagar el caudal desalado como si fuera agua mineral. El Gobierno lo sabe y el Consell, sustentado ahora por partidos que impulsaron la desalación como alternativa al trasvase del Ebro, también. Pero como en la caja de unos y otros no hay un euro y la sequía aprieta cada vez más en su tercer año consecutivo, pues todos miran ahora a Europa para que nos saque del atolladero. Un deseo condenado al fracaso que debe hacerles tomar conciencia definitiva de un problema que parece menor porque el agua no nos falta cuando abrimos el grifo para lavarnos los dientes -ese grifo que no se cierra durante los tres minutos reglamentarios en la mayoría de los hogares- pero que los científicos ya han demostrado que no es un bien finito.
España tampoco es Arabia Saudí, No tiene petrodólares para pagar la tarifa del agua desalada, pero sí recursos hídricos suficientes para que el agua llegue a todos los rincones, algo que lo que carecen los árabes. La alternativas no son de ahora. El ingeniero Lorenzo Pardo planteó el primer trasvase en los convulsos años 30 del siglo XX, el socialista Josep Borrell volvió a poner cordura en el tema en los años 80, cuando propuso la interconexión de las cuencas y es que es ahí donde está la solución. Censuraba el veterano regante Ángel Urbina esta semana que el Gobierno se pase seis meses al año pagando la factura de las crecidas del Ebro en Aragón y La Rioja y otro medio año la de las pérdidas por la sequía en el sureste de España. No le falta razón, de ahí que de una vez por todas haya que exigir que el agua se trate como una cuestión de Estado, como lo es el del suministro eléctrico.
Y volviendo al Tajo -la solución del Ebro parece ya más una cuestión de los libros de historia-, es ahí donde debe actuarse. No es de recibo que se cierre el grifo del Tajo-Segura y se sigan enviado cerca de 9.000 hm3 todos los años a Portugal, para que la desembocadura del río en Lisboa parezca el Amazonas. Si hay 9.000 hm3 para los portugueses, tiene que haber un mínimo de 600 hm3 para alicatinos, murcianos y almerienses. Y lo cierto es que los hay pero están en otra parte de la cuenca, organicémosla. El invento de la España seca y la España húmeda de Aznar fue eso, un brindis al sol, las desaladoras de Zapatero y Narbona ahí quedan como ejemplo de despilfarro de dinero público. Toca mover ficha. Rajoy no se ha atrevido o no ha querido hacerlo. Quien salga de las urnas en diciembre tendrá en su mano pasar a la historia como el que solucionó un problema que no es de Alicante, es de toda España, pese a que hasta ahora todos hayan preferido mirar hacia otro lado.
