El calentamiento del planeta va a empeorar en nuestro país un problema que hasta ahora no se ha sabido abordar. Me estoy refiriendo al agua y más concretamente al reparto de un bien común que a medida que avance el siglo en el que nos encontramos va a ser más y más escaso. Ni socialistas ni populares, los dos partidos que nos han gobernado de forma más prolongada desde la restauración de la democracia, han sido capaces de sacar este asunto de su agenda de instrumentalización política y, en consecuencia, el agua se ha utilizado como instrumento arrojadizo para captar votos. El tema es lo suficientemente serio y grave como para que de una vez por todas se ponga esta cuestión entre las de interés general para que se llegue a un grado de consenso que dé una solución coherente, viable y de futuro, para evitar que cada dos por tres se saque a la palestra y acabe enfrentando a unos ciudadanos contra otros. Sinceramente no veo tan difícil, si se deja de lado el partidismo, llegar a un acuerdo de Estado que respete el equilibrio de las cuencas y sea capaz de satisfacer las necesidades de todos combinando trasvases, desalinización, reciclaje y modernización de regadíos para optimizar el uso de este recurso. Evidentemente, en el fondo, es una cuestión presupuestaria, es decir, de dotar a un hipotético plan nacional del agua de recursos suficientes para caminar en todas las direcciones, pero también de saber hacer política con mayúsculas, considerando el agua como un bien común de todos los españoles y al que todos tienen derecho por igual, dejando atrás los tiempos en que unos se sienten dueños del Ebro, otros del Tajo y otros del Guadalquivir. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez tienen con este asunto una oportunidad de demostrar si tienen madera de estadistas o, por el contrario, no son más que trileros de feria jugando al cortoplacismo. Y de paso, que también hablen de sanidad y educación.
