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Bartolomé Pérez Gálvez

Tratamientos inaccesibles

Sin ningún género de dudas, el sistema sanitario sigue destacando por ser el servicio público más utilizado en nuestro país. Así lo ha vuelto a corroborar el último Barómetro Sanitario que ha dado a conocer el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Siete de cada valencianos han acudido a su centro de Atención Primaria en el último año, algo más del 40% fueron atendidos por otro tipo de especialistas y una tercera parte recibió asistencia en un servicio de urgencias. Lo dicho, el número uno.

Llama la atención que el Barómetro Sanitario se despache en verano, momento en el que las noticias suelen adquirir menor relevancia social. Más aún cuando se trata de la segunda área de mayor interés para los españoles, sólo superada por el empleo. A la vista de los resultados de la encuesta, el sistema sanitario público no está saliendo tan malparado de la crisis como se presagiaba al principio de ésta. La satisfacción general se ha mantenido en términos similares a los registrados antes de iniciarse la recesión económica. Incluso ha subido unas décimas. Por otra parte, la preferencia a la hora de elegir entre la sanidad pública respecto a la privada ha mantenido una tónica creciente, evidenciando la progresiva fidelización al sistema sanitario público.

Cuestión distinta es el análisis de los resultados en términos de comparación con otras regiones: sólo los canarios tienen peor opinión de su servicio autonómico de salud. Cuando la mitad de la población valenciana considera que es preciso realizar profundos cambios estructurales en el sistema -o, incluso, rehacerlo totalmente-, es evidente que algo grave está ocurriendo. Y es que nos mostramos bastante satisfechos con medios y profesionales, pero profundamente descontentos con el funcionamiento del sistema. Tratándose de los peores resultados cosechados en los últimos veinte años, algo de razón tendremos quienes así opinamos.

En esta ocasión hay un dato que obliga a una respuesta urgente. En el último año, cerca de 400.000 valencianos reconocen haber interrumpido su tratamiento, por no disponer de los medios económicos necesarios para adquirir medicamentos. Debemos valorar en su justa medida la gravedad de la cifra, el drama que se esconde detrás de ella. Creía que esto sólo pasaba en países tercermundistas y en los propios Estados Unidos de América -tan avanzados tecnológicamente pero, al mismo tiempo, tan insolidarios-, donde las disparidades en la accesibilidad a determinados tratamientos son habituales. Pero no, ahí nos hemos colado nosotros, como resultado directo del constante y progresivo debilitamiento de la cobertura sanitaria.

El dato es alarmante. Quizás por ello se digiere mejor en verano, cuando las noticias acaban siendo flor de un día. Ya les decía que no parece coherente que la evaluación social de un servicio público de esta magnitud se despache en temporada estival. Motivos hay para pensar que a nadie le importa un carajo la situación, que no se ha visto queja o crítica alguna ante la cruda realidad de los números. En fin, que ahí estamos, posicionándonos como la comunidad autónoma en la que mayor porcentaje de población no puede adquirir sus medicamentos. En esto ha quedado la sanidad por estas tierras.

Cierto es que el marrón viene de atrás y su origen no puede atribuirse al actual equipo de gobierno autonómico. Ahora bien, se hace obligada una actuación inmediata que solucione el problema. Una respuesta algo más contundente de la que se advierte en los medios de comunicación. Cuando INFORMACIÓN levantaba la liebre el pasado jueves, desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública -romántica denominación, ¿no creen?- se limitaban a declarar que no tienen nada decidido al respecto aunque, eso sí, andan pensando cómo reducir el impacto del copago en colectivos como los discapacitados, las familias monoparentales o las mujeres solas con cargas familiares. Llama la atención la falta de reflejos al olvidarse de otros grupos de mayor prevalencia, como desempleados, personas mayores o enfermos crónicos. Y es que hasta los fundamentalistas neoliberales del Fondo Monetario Internacional -que acaban de insistir en su defensa del copago sanitario- recuerdan la necesidad de reducir, o incluso eliminar, el copago en estos grupos más vulnerables, con especial énfasis en los enfermos crónicos. De ahí que rechine tanta tibieza y se ponga en tela de juicio la capacidad real del ejecutivo autonómico por coger el toro por los cuernos.

Después de que el Consell aprobase recientemente la extensión del derecho asistencial a los 30.000 inmigrantes «no autorizados a residir en España» -criterio obligado para recibir la asistencia-, me dirán que ya han demostrado interés por universalizar la asistencia. No lo niego. Claro está que ahora no hablamos de unos miles de beneficiarios sino de 400.000, un número bastante considerable.

Mediante Decreto Ley, el gobierno valenciano reconoció el derecho a la prestación farmacéutica a los inmigrantes ilegales. Con el objetivo de garantizar la continuidad de los tratamientos, también se plantea subvencionar el coste de los medicamentos que precisen los beneficiarios de esta modificación legislativa, quienes están obligados a realizar la misma aportación que el resto de la población. Supongo que estas ayudas económicas acabarán siendo una realidad y que también serán de aplicación a todo aquel que no pueda afrontar el coste de sus tratamientos. Cubrir las necesidades sanitarias de quienes residen ilegalmente en el país es humanamente obligado. También lo es evitar que nadie tenga dificultades a la hora de disponer de su tratamiento farmacológico u ortoprotésico. Y las dos cuestiones exigen una respuesta inmediata y sin titubeos. El problema, obviamente, es cómo financiar una necesidad que no se limita a unos pocos. Cuestión de empezar a ver las tripas del sistema y no quedarse solo en lo superficial, en lo más mediático.

Una vez abierta la caja de Pandora de la universalización asistencial, son exigibles soluciones inmediatas a esta vergonzosa realidad. Y es que, en asuntos de esta trascendencia, no caben más brindis al sol.

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