La Constitución española establece como forma de Estado la Monarquía parlamentaria. Una Constitución vigente, aprobada en referéndum aunque el mismo date del año 1978. La Constitución, como ley suprema, no puede ser anulada o ignorada por la vía de hecho aunque quienes ocupan hoy algunas instituciones piensen que la legitimidad derivada de las elecciones les habilita para violar la Constitución en aquellos puntos que no les gustan. De incidir en esta senda, pueden seguirse consecuencias imprevisibles dado el alto nivel de confrontación innecesaria al que están conduciendo a la sociedad española. Y una confrontación que viene a reflejar, mediante este tipo de gestos, de poses esperpénticas a veces, que carecen de capacidad para dar respuesta a los problemas sociales que, precisamente, fueron los que les dieron los votos con los que hoy cuentan. Sería absurdo por su parte pensar que la sociedad española les ha concedido su confianza para derrumbar la Monarquía o para cambiar nombres a las calles, esconder banderas nacionales o prohibir procesiones. Están entusiasmados con lo que parece ser un juguete, al que dedican sus esfuerzos y tiempo mientras parece poco importarles lo que con tanto ahínco exhibían como eje central de sus políticas.
En el fondo, si bien se piensa, estas conductas solo sirven, abusando del cargo ocupado, para buscar la autosatisfacción e imponer criterios propios una vez alcanzadas las mieles del poder y apreciado con asombro que el mismo concede muchas prerrogativas. Pero, también para evitar el debate del paso del metro al coche oficial, de los asesores multiplicados por mucho y de la ausencia de proyectos útiles para remediar la llamada emergencia social más allá de reclamar a otros que se les proporcionen los medios. Protestas, gestos y símbolos conforman un panorama poco esperanzador.
Hasta ahora el cambio solo se aprecia en los intentos de zaherir a la Monarquía y a la Iglesia. Elementalidad y escaso tacto en gestos que, al margen de los efectos que producen en una sociedad que necesita trabajo, educación y sanidad, violan de forma patente la ley, lo que no parece afectar a quienes se consideran poseedores de la verdad absoluta y la exhiben con cierto fanatismo a veces insoportable.
De seguir por este camino acelerado las elecciones generales les van a deparar sorpresas que no imaginan. La irrelevancia de sus gestos fuera del ambiente crispado que generan y el olvido del cambio social más allá de medidas filantrópicas con escasas raíces ideológicas, revela una izquierda cuya novedad reside en el discurso político, que ningún fruto produce en la sociedad o que, por su pretendida pureza y dogmatismo, puede desembocar, como se aventura en nuestra ciudad, en un empobrecimiento que se traduzca en falta de medios para cumplir los objetivos esenciales.
Dicen que la Monarquía no es democrática. Y es cierto que no se vota al titular, aunque sí a la institución como se hizo con la Constitución. Pero, sin duda que Gran Bretaña o España son más democráticas que repúblicas como la coreana, la cubana o la venezolana. No es la forma de Estado, que tiene escasa relevancia efectiva aunque la posea sentimental, lo determinante, sino la democracia real. Y muchos de los que hablan de democracia dejan mucho que desear en sus formaciones, sustancialmente refractarias a la democracia interna. Ese sí es un problema que afecta directamente a la ciudadanía dada la escasa calidad exigible a quienes acceden a los cargos públicos impuestos por los aparatos partidarios. Ahí sí existe un grave problema para la democracia, no en los bustos monárquicos o en los poderes, escasos, que ostenta la institución real. Qué nostalgia del PCE y del PSOE de otros tiempos. Comparar discursos entristece y revela diferencias sustanciales entre políticos de raza y simples agitadores con consignas aprendidas y atados a sus propias limitaciones.
Es más, frente al enorme apoyo que tuvo la Constitución, las formaciones que mueven estatuas y juran en arameo la Constitución, no suelen pasar de votos que, por sí solos, poco o nada significarían. Nula representatividad y escasa democracia que solo un sistema electoral absurdo permite admitiendo gobiernos inestables y programas no votados por la ciudadanía.
No es el momento de divertirse y colmar el ego de cada cual atentando contra las bases establecidas en la Constitución que nos han permitido avanzar en estos años más de lo que había sucedido en décadas forjadas en el desencuentro. Quitar el nombre de una calle al Rey afirmando un exceso de monarquismo y falta de republicanismo es un disparate, pues España no es una República. De cajón, aunque haya quien afirme tal disparate y no se ruborice.
No hagan tampoco el ridículo. La financiación autonómica, mala sin duda, deriva de una ley aprobada por el Gobierno de Zapatero. Denunciar en los tribunales, como amenaza Puig, el cumplimiento de una ley es un disparate y pedir al Poder Judicial que exija al legislativo confeccionar otra norma, un dislate, un imposible en el marco de la ley. Pura demagogia. Y mucho me temo que, de ganar el PSOE en noviembre, poco cambiará esa financiación y los gritos se tornarán en silencio. No es la primera vez.
