Además, entre julio y agosto también tiene que devolver al Banco Central Europeo (BCE) cerca de 7.000 millones de euros. Dada la falta de liquidez que padece la república helena actualmente, para asumir el cumplimiento de estas obligaciones necesitaría que la Unión Europea le liberara del siguiente tramo del rescate: casi 15.000 millones de euros, entre varias partidas. Y para ello, previamente todas las partes deben ponerse de acuerdo en las medidas que debe implementar el Gobierno griego.

En la firma del rescate inicial, Grecia se comprometía a tener un superávit primario, sin tener en cuenta el pago de intereses, del 3% en 2015 y del 4,50% en 2016. Estas cifras, tras los acontecimientos vividos en los últimos meses, se han vuelto inalcanzables. Transcurrido un semestre de tensas e intensas negociaciones, se ha llegado a la fecha límite sin una resolución definitiva y pese a los avances, las posturas aún son demasiado distantes.

En principio, la propuesta de la UE y el FMI era reducir hasta el 3,50% el objetivo a medio plazo de superávit primario, y el objetivo de este año bajarlo del 3,50% inicial al 1%. Grecia ha cedido en algunas de las llamadas líneas rojas, como la reducción de las pensiones -principalmente, eliminar los altos incentivos a la jubilación anticipada- y la subida del IVA, pero se niega a reducir las partidas de gastos. Así pues, confía todo el ajuste a un aumento de los ingresos y esto, en un contexto de caída del PIB e incertidumbre económica, resulta ciertamente complicado. Es en este punto donde el FMI se muestra más reticente a llegar a un acuerdo, defendiendo que los ajustes deben venir no sólo vía aumento de ingresos, sino también de una reducción de las partidas de gasto.

Los líderes europeos, reunidos en Bruselas, tuvieron ayer la última oportunidad de alcanzar un pacto. En caso contrario, el martes Grecia no podrá hacer frente a su deuda con el FMI y aunque esto, técnicamente, no conllevaría un «default», sí es factible que precipite los acontecimientos. Si el BCE considerase que ya no cabe posibilidad de acuerdo, y que Grecia es insolvente, cortaría las líneas de financiación de emergencia (Emergency Liquidity Assistance o ELA), con lo que la banca helena se quedaría sin liquidez para hacer frente a los depósitos de sus clientes y el «corralito» sería inevitable. Ni un «default» ni un «corralito» implican la salida del euro -en Chipre ya se impuso un «corralito»- pero probablemente, dada la magnitud del problema, sería la única salida viable para la economía griega.

Grecia arriesga mucho en este envite, pero lo que Europa se juega tampoco es despreciable: unos 400.000 millones de euros, la cantidad que le hemos prestado. Por si fuera poco, al montante de la deuda habría que añadir las consecuencias que pudiera tener la debacle griega en los mercados financieros europeos, y el posible efecto contagio en economías como la española.

La lógica nos dice que se debería alcanzar un acuerdo «in extremis», porque a nadie beneficia la caída de Grecia. Un acuerdo que será de mínimos, a buen seguro, que permitirá salvar la cara a ambas partes, pero no resolverá el problema de fondo. Dentro de unos meses volveremos a tener que hablar de lo mismo. Para que el acuerdo fuera creíble y sostenible a largo plazo, Grecia debería mostrar un mayor compromiso para reformar su economía y hacerla más competitiva -liberalizaciones, mejora en su sistema fiscal y reducción de la corrupción-, así como reducir su estructura de Estado. Por otro lado, los acreedores deberían asumir quitas implícitas de la deuda que no afectaran al principal, vía reducción o supresión de los tipos de interés aplicados a los préstamos actuales, así como alargar los plazos de vencimiento de pagos. De este modo, Grecia podría llevar a cabo las medidas que debe adoptar sin estrangular su economía.