El sentimiento de rechazo a los impuestos, pese al papel benefactor que desempeñan, se ha visto agravado por la corrupción que nos invade. No es extraño que en algunas hogueras de Alicante se haya reflejado el escaso aprecio al fisco representando al ministro Montoro con orejas puntiagudas clavando su espada en la cultura que se desangraba por el IVA, o junto al ministro de Economía, De Guindos, «saqueando» la Torreta. También, los ninots de Bárcenas, Pujol y Rato en papel de Reyes Magos, se obstinaban en perseguir a una estrella forrada de billetes que se dirigía no al portal sino a los paraísos fiscales. Tras la quema el mundo sigue, y quienes todavía no lo habían hecho, deben de presentar las declaraciones de IRPF, y ya en julio atender los pagos por retenciones, IVA, impuesto sobre sociedades y otros más. Entre ellos, las cotizaciones sociales, con cuyo nutriente se atiende a satisfacer el pago de las pensiones.
Las pensiones, una alarma recurrente.
Pero de nuevo han vuelto a aparecer, como un maleficio, las declaraciones intranquilizantes de algunos políticos sobre la insostenibilidad de las pensiones. En esta ocasión, hostigadas por el actual gobernador del Banco de España, Luis Linde, al recomendar la necesidad de «complementar la pensión que recibirán los cotizantes de hoy con un sistema privado, porque el sistema público no va a poder garantizar el nivel de las pensiones». No es nuevo, ya lo anunciaron anteriormente, Fernández Ordóñez, y ministros de Economía, como Pedro Solbes, Elena Salgado, y numerosos economistas. Pero en tiempos de crisis, cuando el salario de los trabajadores ha decrecido y el desempleo no acaba de eliminarse, resulta demoledor intranquilizar a los ciudadanos. Mucho peor ha resultado para el Gobierno, cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina, siendo el grupo de votantes más numerosos el de los pensionistas. Así que el chitón de Rajoy, y de los ministros Montoro y Fátima Bañez no se ha hecho esperar.
Es verdad que el actual sistema español de pensiones es insostenible, a la vista del comportamiento de la caja de las pensiones y a poco que se analice la evolución demográfica, porque el tiempo de vida tras la jubilación, afortunadamente, ha aumentado en más de una década desde que se instauró; y, por el contrario, el tiempo de cotización se ha recortado al iniciarse los jóvenes en el trabajo mucho más tarde. Como los índices de desempleo son elevados, y por ende, el número de cotizantes ha decrecido, se está generando un déficit anual entre las prestaciones -gasto- y las cotizaciones -ingresos-, que se agrava porque el sistema se asienta en el método de reparto y no el de capitalización. Es decir, que los jubilados no reciben la pensión como retorno proporcional a lo que han cotizado: algunos reciben mucho menos; otros nada, porque no han cubierto el tiempo mínimo que da derecho a ello; otros de más, bien porque han cotizado sólo en los últimos años, los necesarios, o porque aunque cotizaron menos reciben la pensión mínima para poder subsistir. Sin olvidar a los que reciben del Estado pensiones no contributivas por carecer de recursos, al amparo del principio de solidaridad que todo país debe cuidar.
Ante esta situación, es bueno saber que con el cambio de ciclo y con el desarrollo económico las tornas cambiarían, porque aumentará el número de los cotizantes y las bases salariales. En todo caso, ¿por qué el problema no se soluciona de una vez? Pues para no incordiar a los jubilados y no perder sus votos, cuando no por abulia. ¿Por qué no se cambia a otro sistema ecléctico que conjugue el actual con el de capitalización, basado en todas las cotizaciones del trabajador a lo largo de su vida laboral, como sucede en Suecia y otros países, que permitiría ser flexible y que cada uno se jubilara cómo y cuándo quisiera? Pues, porque el cambio de sistema comportaría un coste tan alto al erario que ningún gobierno quiere asumirlo.
Se necesitan reformas
Éste, como tantos otros problemas, en educación, sanidad, judicatura, etc., debería ser cuestión de estado y como tal afrontarse, adoptando acuerdos por consenso político. España es, sin embargo, diferente, y el verbo consensuar no se ha conjugado entre los políticos. Ante el fracaso de los planes de pensiones privados en nuestro país, porque las altas comisiones y costes de gestión han perjudicado su interés, resulta risible promocionarlos sin un cambio normativo; sin considerar la conveniencia de reformar el actual sistema.
Sin embargo, no está escrito en ningún sitio que la «hucha de las pensiones» no pueda nutrirse de otros recursos tributarios, distintos a las cotizaciones, como se hace en otros lugares, ¿por qué no hacerlo, en vez de llenarse la boca los políticos prometiendo bajar los impuestos?; y, ¿por qué no mejorar los ingresos ampliando el techo máximo de cotización que actualmente las hace regresivas?; y ¿por qué no ampliar el número de cotizantes y los ingresos persiguiendo y luchando mejor contra la economía sumergida y el fraude laboral?. Puede también extenderse algo más la edad de jubilación, proporcionándola con el tiempo de contribución a lo largo de la vida, y las pensiones de viudedad, que cuestan anualmente más de 15.000 millones de euros, deberían ser objeto de recorte cuando no son económicamente necesarias para sus perceptores, porque carece de sentido que sean vitalicias.
Coincide todo ello, con el hecho de que es contraproducente, por muy electoral que sea, el seguir alimentando la idea de que se van a bajar los impuestos, como si de la bicha se tratara, cuando tantas necesidades hay para satisfacer. Antes bien, debe perseguirse el fraude y acabar con tantos privilegios y exenciones fiscales. Y si algún impuesto hubiera de bajarse, teniendo cinco millones de parados, deberían serlo las cotizaciones sociales, tan elevadas respecto a otros países, porque desincentivan el empleo, y carece de sentido negarse por tener un corralito para las pensiones vinculándolas sólo a los ingresos de la Seguridad Social.
Es absurdo pedir a los jóvenes -más de un 50% en el paro- que suscriban planes privados de pensión, en vez de luchar con mayor contundencia contra los agujeros negros por los que se cuela el fraude de hoy al no cotizar muchos obreros pese a estar trabajando, sabiendo que por no detectarlos, en el futuro podrían hasta cobrar pensiones de auxilio no contributivas, cometiendo un doble fraude. Debería de resolverse de una vez el problema que contiene excesivas injusticias, implicando de nuevo a la Comisión responsable del Pacto de Toledo, despolitizándolo así. Ya que doctores tiene la Iglesia, empleémoslos.
