Partidos políticos progresistas, asociaciones sindicales y organizaciones de la sociedad civil y de los movimientos sociales participan desde hace meses en la Campaña contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, el TTIP (Transatlantic Trade and Investiment Partnership), que, desde febrero de 2013, negocian la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos (EE UU). El lema Las personas y el planeta antes que el capital, esgrimido en las movilizaciones del pasado 18 de abril en 46 países del mundo, entre ellos, España, sintetiza el núcleo de la oposición a lo que, según las informaciones que han salido a la luz, supone la cobertura legal para que las grandes corporaciones multinacionales, en las que predomina el capital financiero, refuercen su poder en perjuicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía tanto europea como estadounidense.

Veamos: El TTIP se inscribe en un proceso histórico de progresiva expansión de las corporaciones multinacionales iniciado cuando, a finales del siglo XIX, compañías estadounidenses como General Electric, United Fruit, Ford y Kodak comenzaron a extender sus negocios fuera de su país de origen. Este proceso de expansión y de paralela concentración de poder se aceleró en la década de 1970 y ha llegado hasta nuestros días de la mano de las medidas económicas, propias de la ideología neoliberal, impuestas por todo el mundo desde instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio o el grupo de países del G7, reconvertido en el G20 (en el caso de la UE, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) en las que las corporaciones multinacionales, a través de sus lobbies, tienen un peso decisivo.

El neoliberalismo parte de la premisa de que la empresa privada es más eficiente que la pública. En este sentido, defiende que la principal función económica del Estado sea la de favorecer los grandes negocios con medidas que supongan la eliminación de todo lo que pueda obstaculizar la libre expansión de la empresa privada en el comercio, los servicios y las finanzas. Para las grandes corporaciones multinacionales, el conjunto de derechos económicos y sociales vinculados al Estado del Bienestar, sobre el que se sustentó el consenso político después de la Segunda Guerra Mundial, constituye el principal obstáculo para ejercer la «libertad» que necesita la economía, ya que su mantenimiento conlleva gravar la riqueza con el pago de impuestos. Por ello, el neoliberalismo, ideología construida a la medida de los intereses «privados» de las grandes corporaciones, apuesta, siempre y cuando el beneficio quede garantizado, por la desregulación, es decir, por la abolición de toda regulación económica que pueda interferir la acumulación de capital. La desregulación equivale a dar vía «libre» para privatizar servicios públicos y prestaciones sociales, extender condiciones laborales precarias (contratos temporales, facilidad para despedir, bajos salarios...), disminuir el gasto público por medio de recortes sociales o suprimir cargas fiscales a las grandes empresas internacionalizadas. Esta es la política que hubieron de llevar a cabo, en las décadas de los años 80 y 90 del pasado siglo, los países del Tercer Mundo para hacer frente a la impagable deuda externa y la que se está aplicando en Europa y España como antídoto de la crisis iniciada en el 2007 y creada, paradójicamente, por el propio neoliberalismo.

Gracias al neoliberalismo, por tanto, el poder de las corporaciones multinacionales va más allá del poder económico que se deriva del control de los sectores estratégicos de la economía mundial (agricultura, alimentación, agua, energía, finanzas, telecomunicaciones, infraestructuras, medios de comunicación, industria armamentística...). Su influencia determinante llega a las altas esferas del poder político. En realidad, aspiran a la hegemonía total sobre la sociedad. Y el Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) es el nuevo instrumento del que pretenden dotarse para dar un paso más en la consolidación de dicha hegemonía.

El objetivo explícito del TTIP es relanzar el intercambio de bienes, servicios e inversiones entre EE UU y la UE, zonas donde se concentra el mayor número de empresas multinacionales del mundo. Para alcanzarlo, aboga, entre otras medidas, por la armonización de las legislaciones y las regulaciones existentes en EE UU y la UE que afecten a dicho intercambio. Si atendemos a la lógica neoliberal que rige el tratado, es fácil deducir que la equiparación de ambos mercados se realizaría con aquel con menor regulación. Un ejemplo: si la legislación europea es más restrictiva que la estadounidense en materia de cultivos transgénicos, la armonización normativa entre EE UU y la UE podría suponer la apertura prácticamente total de los mercados europeos a las exportaciones estadounidenses de cultivos transgénicos, como la soja y el maíz, tal como demandan los lobbies de la agro-industria estadounidense. No es difícil colegir las consecuencias sobre la salud y la agricultura europeas, en este caso.Para asegurar aún más la inversión de las corporaciones multinacionales, el TTIP plantea la creación de un tribunal privado de arbitraje que permita a las empresas multinacionales, tal como ya ocurre en algunas relaciones bilaterales, denunciar a los Estados, al margen del sistema jurídico de cada país, por implantar legislaciones que puedan perturbar sus oportunidades de beneficio y obtener por esta vía, cuando el arbitraje les sea favorable, sumas multimillonarias en compensación. Además, las empresas multinacionales podrán vetar aquellas medidas gubernamentales que puedan entrar en conflicto con sus intereses. Otro ejemplo: ¿qué podría pasar si un gobierno democrático decidiera priorizar un plan de emergencia social, como el que plantea el gobierno griego actual, por encima de los intereses financieros? Evidentemente, quieren dejarlo todo bien atado.

El TTIP responde, además, a una maniobra geo-estratégica. En efecto, además de negociar con la UE, EE UU hace lo propio con Japón y otros once países asiáticos. Con ello, EE UU pretende situarse en una posición geo-estratégica hegemónica frente a China, Rusia o India, otorgando a la UE un papel subordinado.

En resumen, el TTIP diseña un modelo de globalización que supone el secuestro de la soberanía ciudadana por la hegemonía económica, social y política de una oligarquía global integrada por los magnates económico-financieros que dirigen las corporaciones multinacionales y sus «delegados» en el poder político. Asimismo apuntala el papel de EE UU como gendarme mundial. ¿Hay alternativas? Por supuesto. Continuará.