Los españoles siguen muy preocupados con la situación del país. Las mayores preocupaciones se centran, sobre todo, en las cifras del «paro» y en la corrupción. Pero dentro de estos asuntos, existe uno que despierta mucho interés, me refiero a la «impunidad», a veces real y a veces aparente.

Las características de la corrupción en España, han sido «la impunidad» con la que se ha desarrollado y la indiferencia, singularmente de los políticos, para hacerla frente, además de las dificultades que han tenido quienes han tratado de investigarla.

A los españoles nos da la sensación de que la «impunidad» junto con la corrupción están «institucionalizadas» en España, en el sentido de que están «sostenidas y apoyadas» desde las instituciones. Esto se demuestra en que prácticamente nadie acaba en la cárcel.

Los ciudadanos están abrumados por noticias que llevamos años conociendo cotidianamente del mal uso del poder político otorgado por los ciudadanos y nadie termina pagando ante los tribunales. No hay prácticamente nadie en la cárcel. Esto no puede ser, tienen que pagar por lo que han hecho y asumir su responsabilidad, tanto política como penal, patrimonial y profesional.

Nos preguntamos la causa de la impunidad de ciertos personajes corruptos. Se nos ocurre que la clave de esa impunidad es que en España existen dos tipos de aforados: Los «aforados por las leyes», esos más de 17.000 poderosos que solo pueden ser juzgados por tribunales superiores, y los «aforados por el poder real», que son «intocables» por la información que poseen.

Cuando se conocen determinados secretos, el poder jamás te abandona. Eso explica cómo personas como Ángel Ojeda, exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, ha recibido un trato privilegiado desde el gobierno andaluz, que le ha regalado decenas de millones de euros para su truculento y probablemente delictivo entramado empresarial.

Intocables como Pujol podrían contar cosas estremecedoras que, si fueran conocidas, colocarían en estado de emergencia al podrido y debilitado sistema político español, cosas como los pactos secretos que sustentaron el apoyo catalán a los gobiernos de González y Aznar, necesarios para que el PSOE y el PP gobernaran, o las negociaciones con Zapatero, que permitieron el avance del independentismo y la aprobación del Estatuto de Cataluña, o por qué los gobiernos han permitido desde Madrid que la Constitución sea violada y pisoteada en Cataluña, aplastando derechos fundamentales del ciudadano, o por qué Hacienda ha permitido, durante décadas, que la élite política catalana robe y burle sus deberes fiscales con temeridad incomprensible.

La impunidad suele aparecer con más importancia en los delitos económicos, los que comete la minoría rica, se persiguen poco y se castigan menos. Y, cuando raramente los delincuentes de esa minoría son imputados, sus abogados dilatan procedimientos hasta poder acogerse a la prescripción de delitos. Por fin, los escasos condenados, suelen ser indultados. Esto es «impunidad».

Los casos de corrupción por comunidades autónomas es amplísimo y Cataluña y Valencia son comunidades con una afectación importante que empezó en la transición. Banca Catalana, caso Pallerols, Pretoria, Gürtel y tantos otros han suscitado una gran desazón en la sociedad española. Con las medidas que el Gobierno actual ha puesto en marcha se ha emprendido un nuevo camino, aunque aún es difícil de determinar su alcance que, de entrada no consideramos demasiado ambicioso. Aun así, lo único claro es que la corrupción ha producido un hartazgo imposible de soportar por los ciudadanos y hay absoluta intransigencia contra la corrupción.

La inadmisible realidad es que los gobiernos de España han concedido indultos más que discutibles a banqueros, alcaldes, altos cargos políticos, grandes empresarios y policías condenados por torturas. Con esos indultos se ataca un principio esencial de la democracia: que la ley sea igual para todos. La práctica continuada de indultar a los propios, y correligionarios que han delinquido ahonda el vaciamiento de la democracia y la convierte en farsa. Porque democracia es mucho más que votar cada cuatro años.

Impunidad y democracia con incompatibles, es como intentar mezclar agua con aceite, jamás lo conseguiremos.

La democracia española se ha convertido en el hazmerreír del mundo por sus carencias, déficits, abusos y violaciones de las reglas y normas básicas del sistema. Los ciudadanos están indignados, ya no toleran los abusos del poder y exigen cambios sólidos que garanticen la regeneración. La ruta hacia la decencia debe comenzar limitando el poder de los partidos, devolviendo la independencia a la Justicia y suprimiendo privilegios medievales y tan absolutistas como la impunidad del Rey, el indulto arbitrario y el aforamiento de demasiados políticos.

Los ciudadanos españoles cada día están más convencidos de que deben poner freno al abuso de los políticos y luchar por una verdadera democracia que expulse del poder a los corruptos y a los bellacos y otorgue las máximas responsabilidades a gente decente y con principios.