15 de marzo de 2015
15.03.2015
Palabras gruesas

Paradojas políticas y vivienda

15.03.2015 | 00:32
Paradojas políticas y vivienda

En España se han alimentado importantes paradojas desde la transición que han acabado por generar una sensación de hartazgo en la sociedad a medida que nuestro desamparo se ha hecho más patente. Con frecuencia, se ha defendido sin rubor desde el poder político que era el mercado y la iniciativa privada quienes debían dar respuesta a necesidades esenciales de la población, abandonando con ello a la ciudadanía a su suerte e ignorando que es precisamente la política, la que crea las condiciones y la estructura económica básica para que las sociedades se desarrollen. Y posiblemente en la política de vivienda se puedan ver con toda su crudeza muchas de esas paradojas así como la magnitud del abandono al que estamos sometidos los ciudadanos. Porque no hay otra forma de entender que un país que ha generado una gigantesca burbuja inmobiliaria en los años recientes, con ciudades repletas de viviendas vacías y desocupadas (y en modo alguno hablamos de segundas residencias), y donde las viviendas en mal estado (ruinosas, malas y deficientes) inundan muchos barrios céntricos y tradicionales, sea el que ha protagonizado mayor número de desahucios. Y con ello, se han dejado en los últimos años a miles de familias en la calle, obligando a muchas de ellas a vivir de nuevo con unos padres jubilados o sencillamente a emigrar, porque los poderes públicos no han movido un solo dedo para articular medidas que amortigüen tanto sufrimiento y dolor generado.

En el año 2005, ante el anuncio de la aprobación provisional de la unidad de ejecución única del sector Rabasa y su adjudicación como urbanizador a la empresa «Viviendas sociales del Mediterráneo, S.L.», conocido como Plan Rabasa, un pequeño grupo de vecinos, profesionales de distintas disciplinas, formamos la Plataforma contra el Plan Rabasa y decidimos estudiar a fondo el impacto territorial, urbano, económico, social y medioambiental de este gigantesco macroproyecto. Recordemos que por aquel entonces, tanto desde los partidos políticos que apoyaron el proyecto, el PP y el PSOE, como desde su promotor, Enrique Ortiz, se repetía una y otra vez que el Plan Rabassa era la solución para los problemas de vivienda en la ciudad en la próxima década a través de la construcción de cerca de 15.000 viviendas, de las cuales unas 9.000 serían sociales, si bien se hablaba de precios que rondaban entre los 120.000 y los 180.000 euros. Precisamente, entre los estudios que llevamos a cabo en nuestras alegaciones presentadas por la Plataforma contra el Plan Rabassa hace ya diez años ante el Ayuntamiento de Alicante, analizamos en detalle la dimensión social así como la situación del parque de viviendas en la ciudad y en la provincia, con algunos datos muy reveladores que estudié personalmente. De hecho, en nuestro informe señalábamos cómo Alicante era una de las ciudades con mayor número de viviendas vacías en España, duplicando el porcentaje de las que estaban en mal estado respecto a la Comunidad Valenciana y a la media nacional, que se situaba en el 11%, mientras que en Alicante se elevaba hasta el 22%.

En este informe que realizamos, destacábamos que frente a la propuesta contenida en el Plan Rabasa y apoyada desde el Ayuntamiento consistente en promover la compra de casas a familias con posibilidades económicas mediante hipotecas de por vida para la adquisición de viviendas en propiedad y su expulsión a la periferia, se necesitaban otros modelos nuevos que dieran respuesta a necesidades residenciales y sociales emergentes, permitiendo así dar alojamiento a familias y personas con escasos recursos, mediante soluciones económicas que posibilitaran ofrecer viviendas de calidad a través de programas de alquiler y un ambicioso proyecto de rehabilitación capaz de regenerar los barrios céntricos y tradicionales de Alicante, mejorando con ello la convivencia en la ciudad. Apostábamos así por impedir el vaciamiento y deterioro de los barrios tradicionales, mejorando las condiciones de vida en ellos, deteniendo la degradación del patrimonio inmobiliario de la ciudad, al tiempo que se fortalecía el tejido social de esos barrios para contener su progresiva degradación, evitando así la expulsión de los vecinos al extrarradio.

Diez años después, el Plan Rabassa es historia, el Ayuntamiento ha sido incapaz de aprobar la revisión de su PGOU y la crisis económica ha arrojado a la pobreza y al desempleo a miles de familias, mientras los desahucios se han multiplicado por toda la ciudad, especialmente en los barrios de gente más humilde, sin que nuestros responsables municipales hayan hecho nada por evitarlo. Y mientras tanto, Alicante acumula en estos momentos más de 18.000 viviendas en mal estado y otras 25.172 viviendas vacías que han aumentado un 20% en la última década, a la vez que numerosas familias carecen de vivienda y para otras muchas sigue siendo un problema angustioso. La democracia se pone también en peligro cuando los poderes políticos dejan a los ciudadanos en el desamparo ante problemas tan dramáticos como la vivienda, dedicando en cambio energías y recursos a apoyar proyectos privados mientras la ciudad envejece, se deteriora y permanecen durante décadas miles de viviendas vacías.

@carlosgomezgil

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