La divulgación de las nóminas de los altos cargos del Gobierno ha suscitado una controversia que, pese a no ser nueva, se ha reeditado con una variante añadida. Hasta ahora era un recurrente tema de tertulia lo que debían cobrar los políticos, en tiempos de crisis o en tiempos de bonanza. Las comparativas entre los diferentes cargos públicos eran una práctica cotidiana con evidentes desigualdades y retribuciones en algunos casos desproporcionadas. Pero con la puesta en marcha del portal de la Trasparencia se ha revelado la insólita situación de que, por ejemplo, el presidente del Gobierno cobre menos que su jefe de Gabinete, como si las tornas se hubiesen vuelto del revés en una evidente paradoja que lejos de asombrar lo que ha provocado ha sido la reacción de la oposición para pedir igualar por abajo. Es decir que los que cobren más se rebajen el sueldo y no que los que menos cobran perciban unas retribuciones acordes a sus funciones. Parece evidente que quienes ostenten la máxima representación de la sociedad, a la que se dedican, bien es verdad que de manera voluntaria, en cuerpo y alma durante todo el periodo de su mandato, deben percibir unas remuneraciones acordes con el cargo que ocupan. Y esos ingresos no pueden ser disuasorios para que se alejen de la política aquellos que, como decían los griegos, sean los mejores, los más preparados. O por el contrario, recurran a ella quienes desde la mediocridad no encuentren mejor fórmula para lograr unos ingresos que de ninguna otra manera serían capaces de alcanzar. Quizás por ello la política se ha profesionalizado de tal forma que quienes acceden a ella lo hacen buscando más un puesto de trabajo que como servicio. Precisamente por eso son tan reacios a abandonar sus cargos y son capaces de casi cualquier cosa por mantenerse en ellos.
