22 de agosto de 2014
22.08.2014

La violencia machista: emergencia que no crea alarma social

21.08.2014 | 23:36
La violencia machista: emergencia que no crea alarma social

Este verano se ha producido un recrudecimiento de las agresiones contra las mujeres. La violencia machista no toma vacaciones ni crea alarma social como el ébola, que entre 2004 y 2013 ha matado a 306 personas en todo el mundo, cuando en ese mismo periodo, solo en España, 643 hombres han asesinado a 643 mujeres.
Ya hemos superado el número de mujeres asesinadas en esta fecha el año pasado: 42 víctimas mortales y 30 huérfanos según la Red Feminista. En poco más de un mes, 7 hombres han acabado miserablemente con la vida de ellas pero son muchos más los agresores que lo han intentado y no lo consiguieron gracias a la intervención de la ciudadanía y/o agentes del orden. Estas mujeres quedarán marcadas de por vida. Un malnacido intentó marcar a su ex con ácido en Torrellano (Elche), otras dos mujeres han requerido ingreso hospitalario en la Ribera por agresiones en Sollana y Catadau, otra en Puerto de Sagunto, en A Coruña, Álava, Fuenlabrada, en Gandía una joven sufrió una violación múltiple y los agresores están en prisión condicional.
Asistimos con estupefacción a la indiferencia que los actos de «apología de la violencia machista» tienen para el partido en el Gobierno, como la publicidad sexista que daña la imagen y dignidad de las mujeres, ya sea promocionada por un panadero que semicubre los senos femeninos con panes para ganar más dinero (todo por la pasta), o la de los publicistas de discotecas que usan el cuerpo de la mujer como reclamo de servicios sexuales o el atuendo ultraligero de las jugadoras de voley-playa. Un 15% de la población, según el Barómetro de la UE considera que la violencia física y la violencia sexual contra las mujeres «no son graves».
La violencia machista la sufren las mujeres porque son víctimas de la discriminación y la desigualdad, porque son consideradas ciudadanas de segunda, porque el machista las considera de su propiedad, porque prefiere matarla primero y matarse después (si invirtiera el orden?) para que no sea de nadie si no es suya. En esta relación, los hombres maltratadores (cada vez más jóvenes) abusan, discriminan, agreden y asesinan (con o sin orden de alejamiento), a las mujeres que sufren, callan, denuncian y retiran denuncias, aguantan por sus hijos, por carecer de recursos, por la (mala) educación, y son asesinadas sin que hayamos llegado a conocer (ni comprender) su sufrimiento. En una sociedad patriarcal se perpetúa y se impone sin discusión «lo masculino» a «lo femenino». Al hombre el «valor» se le supone pero a la mujer se le supone la mentira, la variabilidad de carácter, el engaño. Por cierto, las denuncias falsas, según el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial apenas representan el 0,1% pero nos hacen un daño inmenso. La última burla son los consejos que el Ministerio del Interior en su web da a las mujeres para no ser violadas (gritar y correr, usar un pito), pero en la misma echamos en falta algo tan básico como advertir a los hombres que tales actos son delito.
Las agresiones no cesan pero las denuncias por violencia de género llevan bajando cuatro años, así como las órdenes de protección (7% último año). Si las mujeres no denuncian será porque no tienen las garantías suficientes y los poderes públicos deberían preguntarse por qué no lo hacen. Ni podemos, ni debemos, ni queremos limitarnos a condenar las muertes, a lamentar que la víctima no había denunciado, porque las agresiones machistas son un delito perseguible, aunque la víctima no denuncie. Quien insulta, pega, golpea y humilla a una mujer es un cobarde. Parar los pies a los cobardes es la única forma de proteger la vida de las mujeres agredidas y de sus hijos/as.
Desde que gobierna Rajoy España ha retrocedido vertiginosamente en los indicadores de igualdad, se ha «invisibilizado» la violencia de género, se ha recortado el 20% los recursos, se han eliminado las campañas de prevención; solo contabilizan las agresiones machistas si las mujeres requieren ingreso hospitalario. La reforma del Código Penal de Gallardón suaviza las condenas a los maltratadores, y a las mujeres les niegan los derechos y las abocan a la economía sumergida, al subempleo; la brecha salarial, la discriminación en el número y percepción de las pensiones, la retirada de mujeres que estaban dadas de alta como cuidadoras por la ley de dependencia, o la anunciada contrarreforma de la ley del aborto que elimina a la mujer su capacidad de decidir, son algunos ejemplos de sus prioridades. Las mujeres han visto recrudecidas sus condiciones de vida en la crisis y detrás de ello se perfila nítidamente el modelo de mujer del PP que condena a la mujer al papel tradicional de cuidados de la familia y de hijos/as en el hogar y dependientes, al eliminar becas, ley de dependencia, e imponer copagos.
El Grupo Parlamentario Socialista exigirá nuevamente en les Corts Valencianes, entre otras medidas, que se cumpla la Ley integral de Violencia de Género, que se tomen medidas para aplicar la Ley de Igualdad y que no se modifique la actual ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y del aborto porque no existe demanda social. Vamos a exigir empleo digno, ayudas sociales, que se reabran las casas de acogida, las viviendas tuteladas y los centros de recuperación integral de mujeres víctimas de violencia machista, que se dote presupuestariamente el fondo de emergencias, que se reabra el Centro de Investigación Reina Sofía contra la Violencia de Género, las oficinas de atención a las víctimas del delito (67% cerradas en los últimos años), que se constituyan las mesas sectoriales, que se destinen los recursos para formar a personal de la judicatura, personal sanitario, trabajadores sociales, docentes, personal de los puntos de encuentro familiar, etcétera. Acabaremos con la violencia machista cuando logremos igualar las condiciones entre hombres y mujeres. El Partido Socialista Obrero Español exige que se considere la violencia machista como una «emergencia», que se repongan los fondos recortados a la Ley Integral de Violencia de Género y que se haga un pacto de Estado para combatirla con eficacia.

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