Durante todo el presente año hemos estado leyendo casi todo lo publicado en los distintos medios sobre las obras del nuevo Mercado Central en Elche. Se trata, indudablemente, de un proyecto muy contestado por la ciudadanía, siendo numerosas las protestas organizadas por la plataforma «Salvem el Mercat». Como observador imparcial llegamos a la conclusión de que aunque varios titulares de puestos defienden la construcción de uno nuevo, debido a su evidente deterioro, existe una oposición vecinal de un calibre tal como no se había dado hasta ahora con respecto a otros proyectos controvertidos, salvo el relativo a la pretendida construcción de la noria gigante junto al Parque Municipal. ¡Parece ser que los alcaldes desean dejar constancia de sus mandatos con alguna obra singular, que les recuerde in aeternum!

En la España del siglo XVIII durante los reinados de Fernando VI y Carlos III, principalmente, quedó acuñada tal época como la del despotismo ilustrado, cuya característica esencial se resumía en la célebre frase: «Todo para el pueblo pero sin el pueblo». Entonces no existía ninguna Constitución como ahora que establece «que la soberanía nacional radica en el pueblo». Si la mayoría de ciudadanos y también de ediles está en contra de las obras proyectadas, consistentes en la construcción de un nuevo edificio con un aparcamiento subterráneo de cuatro plantas en un espacio tan pequeño, con calles estrechas por donde apenas se puede circular, no entendemos la radical obcecación del equipo de gobierno, en minoría frente a los grupos opositores, en mantenerse firmes en la postura de su realización. Así, en el último pleno ordinario, la nueva mayoría opositora acordó suspender o paralizar la adjudicación de las obras proyectadas, pero el Ayuntamiento sigue adelante con la pertinente tramitación, lo que no deja de ser un auténtico galimatías, una paradoja jurídica muy difícil de entender ya que una de las atribuciones del pleno es la de fiscalizar y controlar la actuación de los otros órganos, Alcaldía y junta de gobierno. Entonces nos preguntamos, si la mayoría de ediles, actualmente, está en contra de la actuación a emprender, si todos ellos representan al pueblo y si la mayoría del vecindario también se opone, ¿no estaremos rememorando épocas pasadas? En esa misma plaza, durante la etapa predemocrática, se levantó un edificio para pescadería, aparcamiento y otras actividades, y el entonces alcalde reconoció, soy testigo de ello, que no se había acertado con tanta edificación y? con buen criterio, al cabo de unos pocos años se derribó, quedando un bonito lugar de esparcimiento. Aunque errare humanum est?, ¡que no se vuelva a tropezar en la misma plaza!

Ante tal panorama nos gustaría que los colectivos ilicitanos de técnicos, arquitectos e ingenieros se pronunciasen al efecto, exponiendo sus criterios sobre los anteproyectos presentados y su posible grave incidencia en la circulación.

Mientras tanto, de conformidad con la normativa vigente sobre la Administración Local, se debería plantear la conveniencia de efectuar una consulta popular. Se trata de un asunto con la suficiente enjundia como para convocar, por primera vez, un referéndum con carácter vinculante. Las numerosas protestas acaecidas desde que se conoció el macroproyecto así lo demandan, máxime teniendo en cuenta la cesión de alguna planta a la empresa concesionaria.

Por otra parte, si la mayoría opositora ha acordado la paralización del proyecto de obra? procede la suspensión de la tramitación pertinente, debiéndose manifestar tal postura ante la Conselleria de Urbanismo competente en la materia.

En tal caso, la nueva Corporación que se constituirá dentro de nueve meses, decidirá lo mejor para el pueblo pero esperamos que sea contando con él. Tal debe ser el proceder de la Administración en los regímenes democráticos.