Hoy hay elecciones al Parlamento Europeo. Mucha gente pensará que con el ejercicio del derecho al voto se agotan las posibilidades de participación ciudadana en la Unión Europea (UE). Y así ha sido en el largo proceso de construcción europea, lo que, en parte, explica que haya una gran desafección de la ciudadanía hacia la UE y sus instituciones. Pero algo ha cambiado en ese aspecto. Cierto que muy tímidamente, pero ha cambiado. El Tratado de Lisboa, entre otras reformas (tales como el aumento de competencias del Parlamento Europeo) establece la denominada Iniciativa Ciudadana Europea.

La Iniciativa Ciudadana Europea es un procedimiento similar al de la iniciativa legislativa popular de nuestro ordenamiento, mediante el cual la ciudadanía puede proponer a la Comisión Europea que impulse un texto legislativo en alguno de los ámbitos de competencia de la UE. De momento, la única iniciativa que ha culminado todo el proceso es una referente al derecho al agua como derecho humano, a fin de frenar las tentativas de privatización de ese bien vital. Pero esta semana culminará la segunda iniciativa ciudadana, rubricada «Uno de nosotros» y uno de cuyos máximos valedores ha sido el popular Mayor Oreja. Según el texto de la misma, su objeto es «la protección jurídica de la dignidad, del derecho a la vida y de la integridad de todo ser humano desde la concepción, en los ámbitos de competencia de la UE donde dicha protección resultara significativa». A este fin, una de las reformas que proponen, por ejemplo, es una enmienda del Reglamento del Parlamento europeo y del Consejo para la financiación de la cooperación al desarrollo para que dichas ayudas de la UE no se usen «para financiar el aborto, directamente o indirectamente, a través de la financiación de organizaciones que practiquen o promuevan el aborto. Ninguna referencia efectuada en el presente Reglamento a la salud reproductiva y sexual, a las curas sanitarias, a los derechos, a los servicios de suministros, a la educación y a la información, a la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, a sus principios y a su Programa de Acción, a la Agenda del Cairo o a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en particular al OSM n.5 sobre la salud y la mortalidad materna, pueden ser interpretados como proporcionando una base jurídica para el uso de fondos UE para financiar directamente o indirectamente el aborto».

Ya ven, con esta iniciativa pretenden la desprotección jurídica de la dignidad, del derecho a la vida y de la integridad de las humanas, ya sean ciudadanas de la UE o de países en vías de desarrollo. No estaría mal presentar una iniciativa por todas nosotras ¿Nos ponemos a ello?