El presidente Alberto Fabra ha reafirmado esta semana su compromiso de rechazo a la corrupción. Está bien que se insista en que el PP no llevará ningún imputado en sus listas en las próximas elecciones municipales y autonómicas y que se presione a los que tienen un proceso judicial abierto para que dimitan y dejen sus escaños libres si la investigación acaba con la decisión de un juez de sentarlos en el banquillo. Pero tampoco hay que dejarse llevar por la euforia y ponerse a dar palmas por que hagan lo que políticamente deberían estar haciendo desde un principio. Y además, también es conveniente recordar que de momento ese camino ha llevado a Rafael Blasco al grupo de los no adscritos, a donde parece que dentro de poco le acompañará Milagrosa Martínez, y que la única dimisión, la de Angélica Such tiene truco puesto que su marido, Carlos Morenillas, trabaja de adjunto en la Sindicatura de Agravios, institución que se encuentra en proceso de renovación de cargos. Eso sin pararnos a considerar por qué el PP lleva el proceso de limpieza a las Cortes y no lo impulsa a través de sus grupos municipales en los ayuntamientos donde tiene alcaldes imputados. Pero aún dando por bueno que esta formación política marca ahora distancias con los escándalos que durante tantos años ha ignorado, la posición que impulsa el presidente de la Generalitat aún debe pasar la prueba del algodón, que es la que debe afrontar el PP cuando a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas y con las últimas encuestas en la mano tenga que decidir si excluye, por ejemplo, a Sonia Castedo, pudiendo eso hacerles perder la alcaldía de Alicante y hasta la Generalitat. Será entonces cuando sepamos si la posición de Fabra ha calado en el ADN del PP o si el pragmatismo político acabará moviéndole la silla al jefe del Consell. Pueden apostar.
