La Infanta ha sido imputada en el caso Infanta, sin duda la noticia del siglo. José Castro es el primero en ironizar sobre los obstáculos vadeados para que Cristina de Borbón declare en el escándalo que merece llevar su nombre, después de medio centenar de imputaciones de plebeyos que no han provocado ni un mínimo enarcamiento de cejas. De inmediato, la prensa cortesana se ha apresurado a esgrimir la doctrina Botín, muy apropiada porque ambos protagonistas de este párrafo comparten un enriquecimiento vertiginoso, por no hablar de los intereses respectivos en Suiza. Cabe destacar que no se habla de la doctrina Juan Pérez, indigna de personajes de tanta prosapia. En resumen, la excepción doctrinal enmarca la tercera vía judicial para aliviar el «martirio» de los poderosos y evitar el espejismo de que la ley es igual para todos.
Cristina de Borbón se ha limitado a cobrar millones de euros por la utilización abusiva y presuntamente delictiva de su apellido, por lo que ha redondeado el daño económico con el descrédito a la institución que encarna. El ultraje a la Corona lleva su nombre y, en busca de un testigo imparcial, basta repasar el cable de la agencia Associated Press que ha diseminado la noticia por todo el planeta. Esta prestigiosa y cuidadosa institución informativa considera desde el primer párrafo que la imputación «por lavado de dinero» propina «el último golpe a la reputación de la familia real». Cabe recordar que el zapatazo en cuestión corre a cargo de la infanta. AP finaliza su despacho enfatizando que la investigación «ha dañado seriamente la imagen de Juan Carlos, que una vez fue una de las figuras más respetadas en España». Érase una vez, como en los cuentos de reyes, y cabe advertir la irreversibilidad del prestigio perdido. No cabe duda de que la hija preferida del monarca ha hecho un buen trabajo, a cambio de una remuneración que sin duda considera insuficiente.
Con el lenguaje suelto que le caracteriza, y con un derroche de folios que asombra al propio Castro en una autorreferencia digna de Cervantes en su Quijote, el juez se limita a dar la bienvenida a la infanta a la tierra. En ese extraño ecosistema, las facturas se pagan y los ciudadanos no obtienen préstamos de millones de euros de entidades campanudas sin justificar los ingresos preceptivos. En el caso Infanta se ha interrogado a 600 personas. A algunas de ellas se las ha importunado, en aras del rigor jurídico, por circunstancias tan peregrinas como un trato mercantil de un centenar de euros con el depredador Instituto Nóos. Por tanto, la imputación final de la titular del escándalo sólo puede sorprender a los doctrinarios de Botín, a quienes Dios guarde muchos años.
