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Exijo el cumplimiento de la actual ley

Desde aquel infausto Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013, en el que Gallardón presentó un informe sobre el atentado que pretende perpetrar contra el derecho de las mujeres a decidir libremente si continuar o no con el embarazo, recibo preocupantes mensajes sobre la entrada en vigor de la misógina medida. Los que más me afectan son los que me traslada, indignada, una amiga que trabaja en una clínica donde se practican legalmente interrupciones voluntarias del embarazo. Afirma que las mujeres llaman con miedo, angustia y desesperación preguntando cuántos informes médicos necesitan y cómo y dónde obtenerlos. ¡¡Creen que ya se ha aprobado este atentado a nuestra libertad y es falso!!

Avishai Margalit sostiene que una sociedad decente es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas. El calificativo indecente se me queda corto para referirme a este (des)Gobierno y especialmente a este ministro de (In)Justicia porque no cabe mayor humillación para las mujeres que la de pretender obligarnos a parir en contra de nuestra voluntad e insinuar que si lo hacemos somos unas irresponsables asesinas. Inimputables, eso sí, pero asesinas.

Pero, de momento, en eso se queda, en pretensión. Porque lo cierto es que, a pesar de los mensajes amenazantes y falaces que tanto daño están causando, sigue plenamente vigente la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso por no hablar de la normativa internacional, que avala los derechos cuyo desarrollo se regula en esta ley y que nuestro Estado ha ratificado, adquiriendo compromisos internacionales.

El artículo 3 de la citada ley establece en su apartado 1: «En el ejercicio de sus derechos de libertad, intimidad y autonomía personal, todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos de las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las Leyes». Y, para que quede fuera de toda duda, el apartado 2 del mismo artículo dispone: «Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida». Tras establecer la prohibición de discriminación en el acceso a las prestaciones y servicios establecidos en esta ley, concluye el artículo con un apartado 4 en el que se mandata a los poderes públicos llevar a cabo las prestaciones y demás obligaciones que la misma establece. Entre ellas destacan medidas de educación sexual y acciones informativas y de sensibilización. Léanla, se lo recomiendo. Léanla y comprobarán cómo la incumplen descaradamente.

Exijo a este (des)Gobierno que cumpla la ley vigente que garantiza nuestros derechos. Está para eso, no para humillarnos.

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