Al igual que en otras comunidades autónomas, nuestra Conselleria de Educación implantará en el presente curso, un protocolo de actuación para resolver situaciones de conflicto que se producen en los centros educativos como consecuencia de la separación o divorcio de los progenitores de los escolares. Situaciones que también se reproducen, por cierto, en el ámbito sanitario. Citemos algunos ejemplos como: quién recoge al alumno a la salida del centro al término de la jornada escolar o cuando este se pone enfermo, a quién se le comunican las faltas de asistencia y los partes de las incidencias de convivencia, quién recibe la información académica de la marcha de los estudios, quién puede participar en el Consejo Escolar entre otras.

Por otra parte, se plantean asuntos como órdenes de alejamiento, alumnos en desamparo, hasta familias que solicitan información académica de sus hijos ya mayores de edad y con plena capacidad de obrar.

La confusión existente entre los conceptos de Patria Potestad y de Guarda y Custodia, por parte de familias y centros docentes y el desconocimiento en los centros de las sentencias y resoluciones judiciales con las instrucciones que ellas contienen, desemboca en situaciones que en nada ayudan a la misión de docentes y familias respecto de la educación de sus hijos. Así, se hace necesario unificar criterios al respecto, de los centros educativos, de los colegios profesionales de abogados y jueces. Por un lado, todos los progenitores tiene derecho a participar y estar informados sobre la educación de los hijos, salvo las excepciones que contemplen las resoluciones judiciales correspondientes.

Otro tema de distorsión y de distracción de los objetivos educativos de familias y centros docentes, es convertir a colegios e institutos en campo de batalla donde se resuelvan las disputas de la guarda y custodia. Avanzar en este asunto a nivel legislativo, liberaría a los jóvenes de «tiras y afloja», ayudándoles en su desarrollo personal de una manera más segura y tranquila.

Ya existe, por desgracia, un exceso de judicialización del entorno escolar por conflictos de disciplina entre alumnos, familias y centros, que deberían tener su natural resolución en el ámbito escolar, con los decretos de convivencia, los reglamentos de régimen interno y especialmente con la aplicación de medidas de mediación escolar, campo donde los centros de Elche desarrollan una actividad muy valiosa y reconocida por la Administración.

En definitiva, los protocolos de actuación homogéneos y avances en el terreno de la custodia compartida pueden ser los primeros pasos hacia la solución, aunque la resolución definitiva pasa por el cambio de paradigma en cada uno de nosotros, adoptando la mentalidad de ingenieros, que juntos proyectan caminos y cuando encuentran dificultades en el terreno y tienen que construir puentes, aúnan todos sus conocimientos y sus esfuerzos para resolver los problemas que la tarea plantea y así, poder seguir adelante. Familias separadas o no y los centros educativos, debemos ser los ingenieros que ayuden a construir el camino de nuestros jóvenes.

Propongo que abandonemos las actitudes que en ocasiones encontramos en la política, o en el ámbito laboral y profesional, donde nadie parece ser capaz de reconocer mérito ajeno alguno. Y frente a la tiranía del ego apostemos por la generosidad del altruismo y la compasión como grado máximo de la empatía como alguno de los valores necesarios para la educación y para la sociedad que queremos para nuestros hijos.