Ibi ha sido escenario este martes de un singular prodigio, que pasará a los anales de la política nacional y que algún día se estudiará en los libros de estrategia. Juan Valls, solitario concejal de una formación con 919 votos, se ha dado un gustazo y ha hecho que el primer partido de España (un PP todopoderoso, que controla el Gobierno central, la mayor parte de las autonomías y miles de ayuntamientos de todo el país) doble la cerviz ante sus exigencias. El edil del CDL ha logrado algo que parecía imposible: que el Partido Popular haya dejado caer a la alcaldesa de una ciudad de casi 25.000 habitantes, asumiendo un grado de humillación pública absolutamente inédito en un escenario político en el que las dimisiones son una escasísima excepción y en el que se aplica por sistema el viejo dicho quijotesco de «sostenella y no enmendalla».

Para entender la atípica renuncia de la alcaldesa Mayte Parra, hay que tener en cuenta en primer lugar un dato altamente relevante: la situación de extrema debilidad en la que se encuentra la dirección del PP valenciano, enfrentada a importantes divisiones internas, a innumerables casos de corrupción y a unas encuestas terroríficas. Situados frente a este panorama, los mandamases populares de Valencia han entendido que no se podían permitir el lujo de perder una Alcaldía importante y han optado por sacrificar a la primera edil ibense, ante la seguridad de que cualquier otra solución acabaría con una moción de censura y con el pase del Ayuntamiento a manos socialistas. Nos hallamos ante una decisión muy discutible, que supone una afrenta personal para la mujer que ha defendido los intereses populares en Ibi durante más de diez años y que no resiste una comparación con la actitud mostrada por el partido en otros municipios, en los que mantiene en sus puestos a alcaldes y a alcaldesas con múltiples imputaciones judiciales.

Hay que señalar, sin embargo, que las explicaciones sobre la postura de la dirección popular quedarían incompletas si no tuviéramos en cuenta las especiales circunstancias que han envuelto a la corporación ibense a lo largo de los últimos seis años. Bajo el mandato de Mayte Parra, el Ayuntamiento de la Villa Juguetera se ha convertido en un foco continuado de escándalos políticos, dimisiones, ceses e investigaciones judiciales, que tuvo su capítulo más espectacular con la detención del ex edil de Hacienda y número dos del gobierno local, Miguel Ángel Agüera, forzado finalmente a dimitir. Instalada en el conflicto permanente, la alcaldesa empezaba a ser una compañera de viaje muy incómoda y más, si se tiene en cuenta que muchos de estos casos podían explotar en los juzgados en pleno periodo electoral. Asustados por estas amenazantes perspectivas, los dirigentes del PP valenciano han optado por echar lastre para intentar remontar el vuelo en el futuro.

Al margen de las valoraciones políticas de esta extraña historia, ha llegado el momento de analizar qué consecuencias tendrá sobre Ibi la renuncia de la alcaldesa. La versión oficial del PP, diseñada hasta el último detalle por el edil Juan Valls, señala que la marcha de Mayte Parra zanja todos los problemas y permite hacer borrón y cuenta nueva con una gestión municipal llena de puntos negros y de dudas. Desde la oposición se cuestiona abiertamente esta continuidad y se recuerda, por si alguien lo había olvidado, que en el sillón de la Alcaldía y en el futuro gobierno de la localidad se sentarán personas que formaron parte del equipo de la alcaldesa dimisionaria y que, de una manera u otra, fueron cómplices de muchas de sus decisiones. Sólo el tiempo y las próximas elecciones nos dirán si estamos ante una mera operación cosmética o ante un cambio real de estilos y de prioridades.