Hay quienes piensan que los hechos, sometidos al paso del tiempo, terminarán dictando la verdad y resolviéndose. Esta es la filosofía de Mariano Rajoy; en ella consiste su estrategia. Otros, consideran que los problemas no se resuelven solos, que son perecederos, como los alimentos no tratados, y si no se consumen a tiempo entran en un proceso de putrefacción infectando al organismo. La situación política de Cataluña está en descomposición. Hay que actuar con rapidez y desinfectar.

Los órdagos del Gobierno catalán, el incumplimiento de los principios y exigencias constitucionales, el nepotismo desilustrado de Artur Mas, (sin acento en su apellido porque es incapaz de sumar), sus amenazas de consulta popular para la independencia y su último desprecio a los empresarios y a Sáenz de Santamaría, en funciones de Presidenta del Gobierno de España, no han merecido siquiera una contestación airada. A su desabrida carta, Rajoy le envió una epístola, que debe hallarse en paradero desconocido, porque el presidente sólo predicaba su amor a la Constitución y su fidelidad a ella. La cosa ha ido a peor y su desprecio sigue engordando la antología de agravios al resto de España.

Con la panoplia de actuaciones irresponsables que baraja el presidente catalán no va a prosperar el invento independentista: Si aprobasen una nueva ley de consultas, el Tribunal Constitucional suspendería su aplicación, porque se requiere la autorización del Congreso o del Gobierno; la petición al Congreso, terminaría con una negativa absoluta, similar al Plan Ibarretxe en 2005; si decidieran hacer la consulta sin autorización, la prohibiría el Tribunal Constitucional, porque solo cabe mediante un referéndum que habrían de votar todos los españoles, y si, por último, la desobediencia imperase y la llevaran a la práctica, su ilegalidad produciría la inhabilitación política para Mas y una fuerte sanción pecuniaria. Ante el callejón sin salida, su propio socio, Durán i Lleida, ha pedido auxilio advirtiendo del peligro de que se les ocurra la declaración unilateral de independencia: una idea absurda, pero posible, porque hablamos de políticos, y más a más, catalanes.

Para reforzar la deriva han hecho una lista de agravios y confiesan que se sienten maltratados por España; la España que les roba, según ellos, les debe la cifra de 9.375,7 millones de euros. Con decimales, porque «la pela es la pela». Han resucitado también el tema de su balanza fiscal, según sus cuentas del Gran Capitán. A la vista del escaso importe, en comparación con las reclamaciones sin acritud de otras comunidades discriminadas o peor tratadas, como la Valenciana; a la vista de la pésima gestión de Cataluña, de su despilfarro y endeudamiento, y de que su declaración de quiebra sólo se ha contenido gracias a las transfusiones hechas desde el corazón del país y con el dinero de todos, su exigencia de las balanzas fiscales y su desmedido órdago es una broma de mal gusto.

En la balanza fiscal que han presentado han omitido datos, cifras e inversiones. El 60% de la deuda que reclaman corresponde a inversiones no acometidas. Han tomado como dogma de fe el insensato regalo de Zapatero, respecto que el Tribunal Constitucional, no declaró nulo, pero no lo aceptó, por considerarlo como una declaración de buenas intenciones, «no se puede vincular al Estado en la definición de su política de inversiones económica ni menoscabar la libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones». Además si por enanismo inversor territorial fuera, ahora, todas las comunidades podrían estar en pie de guerra. Los plañideros no cuentan que han priorizado el método de cálculo de «flujo monetario» que no es el más adecuado para la redistribución de los flujos fiscales que mide el impacto del sector público sobre un territorio, en vez del cálculo carga-beneficio que mide el impacto sobre el bienestar.

Las balanzas fiscales son como una balanza virtual con dos platillos. En uno se coloca la cifra total de los ingresos por impuestos obtenidos en un territorio y entregados al Estado, y en el otro, el importe total que el Estado gasta en él. Cuando el fiel de la balanza señala un mayor peso de los ingresos entregados, se dice que la Comunidad da más de lo que recibe, y de eso se queja Convergencia, sin observar que también Madrid, Baleares, incluso la Comunidad Valenciana que tiene una renta per capita inferior a la media nacional, contribuyen aportando más de lo que reciben, según las últimas balanzas obtenidas con datos del 2005 y presentadas en el 2009.

Ha llovido mucho desde entonces y el Ministerio de Hacienda no ha elaborado más, porque su cálculo es farragoso y no hay unanimidad en el método más adecuado. Pero Cataluña sí las ha hecho, a su manera: sin ser exhaustivo el cálculo, sin considerar otros aspectos, sin computar el déficit de infraestructuras, el de la Seguridad Social que en Cataluña es de los más altos de España, la aportación energética, etc. De haber hilado más fino, las cuentas darían otro resultado. Deberían ponderar la distribución de la renta en todo el Estado español, y que las inversiones en Cataluña el próximo año superan el 50% del total para España. No ha sido así. Como el comerciante en tiempos de racionamiento, han trucado la balanza, han elevado el peso del ingreso que entregan y levitado el platillo del gasto que generan.

Parafraseando a Unamuno, su desconfianza nos inquieta, y a ellos nuestro silencio les ofende. Es hora de actuar. Hay que contarle a Convergencia, Esquerra Republicana y demás partidos nacionalistas, las verdades del barquero. Que la Constitución que votaron es inviolable y allí se desprecia cada día; que el artículo 2, dice que España es un Estado autonómico, indisoluble, que garantiza su integridad y la solidaridad entre las distintas autonomías. La solidaridad no es privativa de nuestro Estado, rige entre los länder alemanes, los cantones suizos, los estados de EE UU y las provincias canadienses. No hablemos de la UE, de cuyos fondos FEDER y de cohesión tanto se han nutrido en los años pasados. La solidaridad desciende a las demás instituciones, las provincias, los municipios y las personas ¿Por qué si no es progresivo el Impuesto sobre la Renta en cualquier país? ¿Por qué si no, quienes más tienen deben pagar más impuestos que los que carecen de capacidad contributiva? En todo caso, como les ha contestado Griñán, los impuestos no recaen sobre los territorios, los pagan las personas. La conducta catalana es tribal.

Rajoy no debería haber entrado al trapo prometiéndoles las balanzas fiscales para finales de año, porque siempre serán imperfectas. Son demasiadas variables a contemplar, e infinita su ponderación. De nada servirán, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es como internarse en la selva, como avanzar en terreno pantanoso, como una guerra en territorio amigo. Y no son tiempos para la épica, ni para dedicarnos a sacar cuentas de lo que cada uno se lleva y de lo que da. Que cada uno se dedique a gestionar su pésima situación económica, a vigilar sus finanzas; Cataluña especialmente, porque está demasiado cerca de Andorra.

Ocupémonos de salir del atolladero de la crisis antes que enzarzarnos en discusiones estériles sobre el reparto. Ya habrá tiempo, cuando haya que pactar una nueva ley de financiación para las autonomías, el próximo año. Entonces si que habrá ruido de sables en todo el territorio nacional, en el que tantas singularidades se arrogan mientras la generosidad y la solidaridad brillan por su ausencia.