06 de octubre de 2013
06.10.2013

El Gobierno que desprecia a las mujeres

05.10.2013 | 22:19

El pasado 27 de septiembre el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), que debe ir acompañado preceptivamente del informe de impacto por razón de género (IIG). Este informe es una herramienta que sirve para prever los posibles efectos que las normas proyectadas puedan producir sobre mujeres y hombres, habida cuenta que no siempre (más bien casi nunca) se encuentran en posiciones de igualdad. Obviamente, este análisis no sustituye a las decisiones políticas pero sí aporta información relevante para tomar dichas decisiones, pues permite prever sus consecuencias antes de su adopción definitiva. Su finalidad es garantizar que las normas y sus políticas de desarrollo contribuyan a la consecución de la igualdad de mujeres y hombres e impedir el incremento de las desigualdades existentes.
El IIG que acompaña al anteproyecto de Ley de PGE se elabora a partir del que elaboran los Ministerios para cada uno de sus programas de gasto. Para hacerlo correctamente, es necesario que en el mismo se aborden tres aspectos. En primer lugar, la identificación de los objetivos en materia de igualdad que son de aplicación a cada programa. Después, el análisis del impacto de género, que implica, de un lado, realizar un diagnóstico de las desigualdades que puedan existir respecto de los objetivos citados y, de otro, presentar una previsión de resultados sobre ese diagnóstico. Para finalizar, es necesario valorar el impacto de género, es decir, hay que calificar los resultados previstos en función de su incidencia sobre la eliminación de las desigualdades. Este impacto puede ser negativo, positivo o nulo. Será negativo si no se prevé una eliminación o disminución de las desigualdades detectadas y no contribuye a las políticas de igualdad y positivo si es al contrario. Será nulo cuando, no existiendo desigualdades diagnosticadas, no se prevea modificación alguna de esta situación.
Tras leer las 378 páginas del IIG de los PGE, les puedo asegurar que se ha burlado totalmente esta obligación legal. Del total de 207 programas de gasto, sólo 94 han sido objeto de informe y, encima, no contienen los aspectos que he señalado más arriba. Los programas relativos a pensiones no contributivas, educación infantil y primaria, enseñanzas universitarias o apoyo a las pymes, por poner sólo algunos ejemplos, «no presentan un impacto visible», por lo que se han excluido del informe. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Pero no se conforman con eso: la delegada del Gobierno para la Violencia de Género ha preferido disfrutar de su luna de miel a comparecer en sede parlamentaria para explicar la recortada partida presupuestaria que ha de gestionar ¡Total, qué son más de 40 asesinadas por terrorismo machista en lo que va de año!

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