Parece que el Ministerio de Justicia está decidido a introducir una ambiciosa reforma de la organización judicial que pasa por cambiar absolutamente la estructura interna de la misma, para apostar más por la especialización y concebir una justicia más basada en concentrar la resolución de los casos en órganos judiciales que se especialicen por materias, en lugar de que en una misma provincia todo el mundo conozca de todos los casos que se presenten. Porque lo que está claro es que hay que cambiar. Y cambiar bastante. Porque el actual modelo de organización hace tiempo que nos dimos cuenta que tiene muchos agujeros, sin que nadie se haya atrevido a coger este tema y darle una vuelta de tuerca.

No olvidemos que cambiar de repente toda una sistemática de un modelo ya tradicional de organización judicial no es fácil, pero más difícil es que por mucho que se intenta cuesta ir reduciendo los plazos de espera en la tramitación de los procedimientos judiciales y que la crisis ha supuesto una auténtica losa en unos órganos judiciales que en el año 2007 empezaban a remontar y que la crisis ha provocado que no existan inversiones en medios humanos y materiales. Pero, sea como fuere, con crisis o sin ella, estaba claro que el modelo actual se había quedado caduco y que había que apostar por introducir cambios de peso. No meros parches que año tras año se iban añadiendo a un sistema que perdía fuelle, sino una auténtica reforma judicial.

Con ello, parece que antes de fin de año se va a presentar un proyecto de ley bajo la figura de los nuevos tribunales de instancia. Un modelo que, de todos modos, merece y exige muchos retoques y muchas consideraciones que en el congreso de presidentes de audiencias provinciales celebrado en Santander el pasado mes de mayo ya tuvimos ocasión de dejar plasmado por escrito para optimizar una idea que no es mala, pero que si se hace y ejecuta mal podríamos acabar pidiendo aquello de que es mejor quedarse como estás. Así las cosas, el proyecto, la idea, el objetivo no son malos, sino adecuados y dirigidos a introducir cambios en la forma de trabajar en la justicia por dentro. En la competencia de los juzgados. En cómo sacar el máximo rendimiento a los que somos y al valioso capital humano que trabaja en la justicia. Porque, se diga lo que se diga, la mayoría de los profesionales que trabajan en la justicia, desde el juez hasta los funcionarios judiciales, son personas de gran competencia y ganas de trabajar. Y ello, pese a los duros golpes que nos hemos llevado, igual que todo el país, con reiteradas bajadas de sueldo y recortes de todo tipo de extras y medios. Pero pese a ello nadie ha bajado los brazos y, como es obvio, se ha asumido el compromiso colectivo e individual de que de esta situación solo se sale con el esfuerzo de todos y cada uno de los que formamos cualquier colectivo.

En lo que respecta a esta reforma judicial hay que insistir en que se tiene por objetivo que las materias se concentren por órganos judiciales a la hora de su resolución, (la especialización de la justicia), sin que ello tenga que suponer la desaparición de los partidos judiciales, sino que se mantienen, pero desapareciendo la idea de que, por ejemplo, un mismo juez tenga que conocer de asuntos civiles y penales, sino especializarse por materias. Lo mismo ocurrirá en los órganos superiores de la justicia, pero con un profundo cambio interno que tendrá como objetivo sacar el máximo partido al número de profesionales que existen ahora. Pero si la idea no es mala, ello debe ir acompañado de cambios en el procedimiento, esto es, en la forma de tramitar los procesos. Porque si cambiamos la organización, pero no hacemos lo mismo con la forma en la que tramitamos los procesos nos quedamos igual. Hay que resolver de una vez por todas la excesiva ralentización de los procesos por la burocratización que cada uno lleva consigo, porque siempre se ha entendido, erróneamente, que a mayores pasos en el proceso más garantías conllevaba y el resultado ha sido, con el añadido de la crisis, que cuesta cumplir los plazos. Y si no cumplimos los plazos el ciudadano no confiará en la justicia. Y no nos olvidemos de un tema en el que llevo insistiendo mucho tiempo y es el de que los actos de comunicación tienen que mejorarse y agilizarse, bien por la ayuda de los procuradores, bien, además, por la introducción de las tecnologías de la comunicación.

Con todo, lo que no podemos hacer es quedarnos parados ni callados. Hay que reformar el sistema y metodología de trabajar, con estructuras internas y también formas de pensar nuevas. Porque la salida de la crisis está siendo lenta y las ideas que hay que ejecutar ahí están. Lo importante es que se vayan poniendo en práctica... y no se queden en un tintero que se acabaría secando.