Hay un buen debate, un gran lío, una avalancha de opiniones y movimientos sociales, en los medios y fuera de ellos, sobre la madre de Benejúzar que prendió fuego al violador de su hija.

Resultó condenada en primera instancia y el Tribunal Supremo ha rebajado la condena primera pero no ha impedido que tenga que entrar en prisión. Rebajada, por la aplicación de algunos atenuantes, pero aún le quedan a esta mujer unos cuantos años de cárcel por cumplir.

Una vez más voy a ser imprudente reflexionando, en voz alta a través de mi escrito, sobre un hecho del que sólo tengo noticia por el periódico INFORMACIÓN porque ni he tenido acceso a los sumarios ni a las sentencias (de la violación y de la muerte), ni quiero usurpar el terreno que corresponde ahora mismo al abogado de esta señora de la Vega Baja que ve acercarse la entrada a Foncalent porque la Audiencia, con sede en Elche, ha desestimado dejarla en suspenso hasta no se sabe qué acontecimiento nuevo pues el Gobierno no ha concedido el indulto. Lógico: las sentencias se dictan para cumplirlas, aunque unas se cumplan más rápidamente que otras, sólo hay que echar una mirada a nuestro alrededor.

Recapitulemos por si queda por ahí algún despistado que no sepa con exactitud pormenorizada -los medios han sido abundantes en datos- qué es lo que aquí se debate: Un individuo -criminal, sin la menor duda- viola a una chica joven. La madre lo ve fuera de la cárcel -no sé en calidad de qué, si de permiso, en régimen abierto, en libertad condicional, en libertad provisional o cómo-, se siente indignada porque el violador le pregunta por la hija y, un día, le prende fuego rociándolo previamente con un líquido inflamable. Pido perdón de antemano si hay algún error porque mi documentación sólo es de lo leído en distintos medios de comunicación.

Ahora viene la gran polémica: ¿Esta mujer es una madre coraje que ha hecho lo que habríamos hecho cualquiera de nosotras con el autor de una agresión semejante, la repugnante violación de una hija? ¿Esta mujer es una asesina? ¿Esta mujer requiere de una rehabilitación y reinserción social inaplazable porque ese y no otro es el fin de las penas privativas de libertad conforme a la Constitución y a la Ley general Penitenciaria? ¿Está ya sobradamente rehabilitada y la condena a la cárcel no es sino una venganza hipócrita, porque todos aplaudimos en público o en privado la conducta de esta señora y todos decimos que haríamos lo mismo con el violador de una hija?

La cuestión es peliaguda, una auténtica trampa saducea como dirían los escolásticos porque digamos lo que digamos siempre tendremos a alguien que se oponga frontalmente a nuestra tesis.

No es posible admitir sin más la ley del Talión: tú has violado a mi hija y yo te prendo fuego y acabo contigo. Si aplaudimos y admitimos que la madre de una chica violada pegue fuego al violador ¿por qué no admitir también que una persona apuñale por la espalda al que lo atracó? ¿Por qué no dejamos sin castigo al que da una paliza a otro para cobrarse una deuda? ¿Podemos dejar sin sancionar penalmente al que busca a uno y lo mata para cobrarse otra muerte que tuvo lugar en otro sitio y en otras circunstancias?

Si admitimos esos comportamientos entramos en una jungla en donde primaría la ley del más fuerte, del más expeditivo o del más capaz de reclamar "su derecho" por las bravas. Los abogados nos enfrentamos muchas veces a situaciones en las que confiar en la justicia se hace difícil porque una ve cosas, casi cada día, por las que le entran ganas de vomitar, pero el Estado de Derecho es imprescindible si no queremos entrar en un caos en el que es difícil predecir el final de la violencia.

Esta mujer ha tenido un juicio con todas las garantías porque de no ser así debería de haber sido recurrido y hecho público el incumplimiento de las garantías procesales obligadas. Si esta mujer hubiese cometido el delito en estado de enajenación mental, para eso está esa eximente recogida en el código y para eso están las medidas de seguridad que el mismo código prescribe. Su letrado -nada que decir de un compañero, sólo expresarle mi solidaridad y mi repugnancia por el sufrimiento que afronta esta señora- habla del tratamiento psiquiátrico preciso y de la necesidad de que sean los psiquiatras que ya lo están llevando quienes lo continúen. ¿Cómo no va a necesitar tratamiento una mujer que ve a su hija violada y que prende fuego al violador? ¿Cómo se puede soportar ese dolor sin la ayuda de un profesional médico o de la medicación correspondiente? En la cárcel hay médicos y a la cárcel pueden ir médicos externos a continuar un tratamiento iniciado, siempre que la interesada pague por ello y el coste no repercuta en el gasto público.

El tiempo y el espacio hacen imposible extenderme más. Si ha sido posible el indulto para el kamikaze famoso y no lo ha sido en este caso, solo hay que poner un nuevo reto al Gobierno ¿Serán capaces de ser tan rápidos en dar el tercer grado a esta mujer como lo fueron en dárselo a Carromero, ese asesor que también "mató", aunque fuese en accidente de tráfico en Cuba?

Luchemos por ese indulto desde el punto de vista humano, por las circunstancias que se han dado y sin que sirva de precedente la conducta de esa madre.