Parece ser que el proyecto de reforma de la Ley de Costas de 1988 está ya en sus últimos trámites y podría aprobarse en breve. Se suponía que este proyecto iba a resolver algunos de los problemas mas graves que la anterior ley de 1988 había generado, en particular iba a eliminar el problema de inseguridad jurídica para los propietarios que habían adquirido legalmente propiedades en la Costa con anterioridad a 1988.

Cabe recordar aquí que la Ley de Costas de 1988 no sirvió para reducir la construcción en la misma dado que ha sido compatible con el período de mayor construcción de viviendas en esta zona que ha tenido este país en las dos burbujas inmobiliarias que van de 1989 a 1992 y de 1999 a 2007. Lo que sí hizo fue convertir en ilegal propiedades legales por la aplicación abusiva y con carácter retroactivo de la misma gracias al fanatismo desplegado por los dirigentes de ese ministerio en esos años. Estas prácticas de quitar sus propiedades a los ciudadanos de este país sin ninguna compensación económica llegó a alarmar tanto que hasta el Parlamento Europeo pidió al Gobierno español de la época que respetara los derechos de propiedad que tan alegremente ignoraba.

Si se lee el preámbulo del proyecto actual de Ley, el actual ministro proclama que este proyecto viene a dar respuesta a esa alarma, a la inseguridad jurídica de la anterior ley y a las quejas de miles de ciudadanos que vieron como sus ahorros y patrimonio pasaba a formar parte del dominio público sin compensación alguna. Pero esa afirmación del ministro no es cierta salvo por lo que respecta a unos cuantos núcleos privilegiados que, de la noche a la mañana, les han amnistiado y van a devolver las propiedades perdidas a sus antiguos propietarios. Lo triste del caso es que esta ley consolida, por tanto, que en este país hay ciudadanos de segunda y de primera y que todo depende de los padrinos que tengas. Es evidente que Arenales del Sol, que siempre ha intentado resolver esta situación con luz y taquígrafos, es decir acudiendo a los tribunales en defensa de sus derechos, no se encuentra en la misma "buena" situación que vecinos próximos a nosotros si están, dado que han sido incluidos en esos diez núcleos favorecidos, lo que pone de manifiesto que no era mediante los tribunales sino mediante el amiguismo mas ramplón como en este país se solucionan los problemas. Si de verdad se pretende dar una respuesta a los miles de afectados por la ley de 1988, que se haga para todos y por igual. Sin excepciones.

Además el actual proyecto de ley no solo no mejora nuestra situación de inseguridad jurídica, sino que la agrava. Resulta que en el proyecto de ley se introduce como gran novedad que se dará una concesión a las viviendas que, habiendo sido construidas antes de 1988 y adquiridas de forma legal, fueron afectadas por un deslinde hecho con arreglo a la ley de 1988 y pasaron al dominio público marítimo terrestre. Esta concesión se dice podrá ser de hasta 75 años. Esto debe ser una broma. No dice que se dará la concesión de 75 años, dice que hasta los 75 años. Deja abierta la puerta a que dicha concesión se de por un período sensiblemente inferior, por ejemplo por períodos relativamente cortos prorrogables en el tiempo hasta esos 75 años, y por supuesto deja sin resolver el tema fundamental que es que el Estado pueda rescatar esas concesiones por una miseria (cuantos menos años de concesión mas barato el rescate).

Así que para Arenales del Sol y las 800 familias o propiedades allí afectadas no hay ninguna mejora en este proyecto ni en el sentido de que se nos devuelvan propiedades que habiendo sido adquiridas de forma legal se nos han quitado, ni se aporta solución alguna en cuanto a darnos seguridad jurídica de que se nos dará la concesión sin posibilidad de rescate por esos 75 años, ni se nos compensa económicamente ni se nos apoya por nuestros representantes que hasta escribieron públicamente que los Arenales si tenían solución. ¿Cuál era esa solución?