Hace unas semanas un exconsejero delegado de Ikea afirmaba sin el menor pudor: "La mejor ocasión para invertir es en los peores momentos, como el que ahora atraviesa España. Todo es más barato: el suelo, la construcción, el trabajo, la publicidad... Obtener una licencia también es más fácil porque las autoridades quieren generar empleo" (El País, 11 de noviembre de 2012). Y recientemente, la Conselleria de Infraestructuras de nuestra Comunidad ha venido a corroborar implícitamente esta declaración al eximir de evaluación ambiental a la modificación puntual del plan Rabassa para insertar Ikea y el gran centro comercial que le acompañará, aduciendo que no varían las condiciones iniciales. Este artículo argumenta, en la medida que lo permite su brevedad, que ni la modificación del plan Rabassa inicial ni los efectos ambientales que se producirán con el centro comercial son desdeñables como sostiene la consellería. La localización de una gran pieza de suelo comercial del orden de los 300.000 metros cuadrados en el plan Rabassa, no prevista inicialmente en el mismo, produce una alteración sustancial del planeamiento del sector afectando a usos de suelo, actividades, equipamientos, densidades, viarios, etc. especialmente en uno de los dos subsectores residenciales en que está dividido el plan original al que prácticamente transforma por completo.

A pesar de estos efectos estructurales sobre el plan Rabassa original motivados por la inserción de la gran pieza comercial, el cambio se ha tramitado como una "modificación puntual", lo que es, conceptual y técnicamente, muy poco riguroso por no decir una frivolidad. En realidad, el procedimiento jurídico de la "modificación puntual" remite a situaciones de escala y magnitud mucho menor de la que se discute. La más elemental lógica urbanística exigiría la revisión y remodelación total del plan inicial dada la relevancia del cambio introducido.

Pero si el procedimiento seguido para la tramitación de la modificación del plan Rabassa es inadmisible, mucho más lo es ignorar el impacto en la atracción del tráfico inducido por el uso comercial previsto, y de otros de esta clase que, parece ser, también podrían implantarse. Teniendo en cuenta además que la demanda de viajes en transporte público a un gran centro comercial suele ser muy baja. No hace falta que se repita que el tráfico privado constituye "el núcleo duro" de los efectos ambientales negativos en la ciudad: emisiones de CO2 y consumo ineficiente de energía no renovable, entre otros.

No se conoce con exactitud la superficie del nuevo centro comercial, pero podemos compararlo, a efectos de atracción de tráfico, con uno de los más grandes del área territorial próxima como es el Thader en Murcia que tiene una superficie bruta alquilable de casi setenta mil metros cuadrados, casi el doble de la de la mayoría de los centros abiertos en Alicante. Este gran centro, de superficie alquilable bastante inferior al conjunto que se proyecta junto a Ikea, que parece estará en torno a los 120.000 metros cuadrados, atrae del orden de doce mil vehículos en un día de fin de semana, y la mitad entre semana. La punta horaria en un sábado puede alcanzar los dos mil vehículos. El volumen total de visitantes a este centro comercial en un año está próximo a los ocho millones. En el estudio que realizamos desde la Universidad hace unos meses ya expusimos los posibles efectos negativos que se producirían sobre el tráfico por la localización de un gran centro comercial donde está previsto. Efectos ambientales directos, e indirectos derivados del impacto sobre el tráfico que circula por el viario del entorno y que no tiene origen o destino en el centro comercial. De modo particular en la autopista; en el enlace de conexión entre esta última y la autovía central, y sobre un nuevo vial de acceso a la ciudad previsto desde ese enlace.

Recientemente ha aparecido en los medios de la ciudad la nueva propuesta del promotor para resolver el problema de los accesos al centro comercial con relación a la presentada inicialmente, que era muy discutible. No se percibe con claridad esa solución en la información de prensa, pero sí su complejidad, sobre todo en lo referente a las medidas y actuaciones para resolver el enlace entre la autopista y autovía, así como con en el nuevo acceso a la ciudad. Ante esta situación se suscitan dos preguntas, la primera, ¿va a resolver satisfactoriamente la solución propuesta el problema de tráfico que se va a presentar?; y la segunda ¿cuál será el coste de la implantación material de la solución y quién o quienes van a pagarla? A la primera deben de responder los promotores, aunque conociendo el problema va a ser muy difícil resolver el problema con un coste razonable; y con respecto a la segunda, la normativa ministerial parece clara en el sentido que debe de ser el promotor quien asuma los costes de la mejora de la infraestructura viaria (O.M. 2873/2007).

Hace un par de años, cuando se puso en marcha la operación de Ikea, y ya se vislumbraban estas dificultades en la inserción del centro comercial, un periodista le planteó esta pregunta a Alfonso Mendoza, entonces delegado de urbanismo en el ayuntamiento de la ciudad: "¿Es posible encajar Ikea y la zona comercial anexa en Rabassa?", y su respuesta fue: "Si técnicamente es viable, será posible" (El País, 4 de abril de 2010). Esta arrogante respuesta implica una concepción de la técnica puramente instrumental que sólo se dedica a poner los medios necesarios para alcanzar un objetivo desentendiéndose del mismo, y olvidando que la racionalidad de cualquier intervención técnica exige una adecuación entre medios y fines y una evaluación de sus consecuencias. Este es el concepto dominante de técnica, presente desde el urbanismo a la ingeniería, que ha regido innumerables proyectos y obras de los últimos años que ahora nos parecen irracionales por el derroche económico que han supuesto, o por sus efectos ambientales negativos. En resumen, la decisión de la conselleria de "perdonar" al Ayuntamiento de Alicante -al que no creemos que le haya preocupado mucho este "gesto"- la evaluación ambiental de la modificación de plan Rabassa para el emplazamiento del gran centro comercial está motivada en argumentos puramente políticos y en absoluto urbanísticos y ambientales. La implantación de la tienda de Ikea sin centro comercial tendría un menor efecto ambiental derivado de la movilidad y además su localización es mucho más flexible. La prevista para Alicante, por lo que sabemos, tendrá una superficie del orden de 35.000 metros cuadrados. Pero cuando se trata de la implantación de un gran centro comercial como el que se anuncia para Alicante, la decisión para su emplazamiento no puede ser abordada en la escala de la ciudad sino en la del territorio.