Hace pocos días se ha hecho público la adjudicación del contrato de medidas judiciales en medio abierto en la Comunidad Valenciana. No quiero utilizar este espacio para mostrar mi disconformidad con la forma de hacer y más sobre la forma de entender la participación de entidades privadas sin ánimo de lucro en las políticas de atención a menores en situación de riesgo social. Sin duda habrá tiempo para ello y para analizar la mercantilización de un sector que históricamente ha sido participativo y de compromiso con la acción social.

Me gustaría, simplemente, reconocer públicamente la gran labor que han desarrollado las entidades Fundación Nazaret de Alicante, Asociación Los Arcos de Altea y la Fundación San José Obrero de Orihuela, en el trabajo en medio abierto, con menores infractores. Estas entidades tiene una gran implantación en la provincia de Alicante. Han estado comprometidas en el desarrollo del sistema de protección de menores desde antes de que las competencias fueran transferidas a la Comunidad Valenciana en 1985. Han participado como entidades colaboradoras en la aplicación de las medidas judiciales en medio abierto desde la entrada en vigor de la ley de responsabilidad penal de los menores en el año 2001.

La disposición de colaboración máxima con la Administración Pública (Conselleria de Justicia y Bienestar Social) ha sido indudable. Cómo si no hubiera sido posible soportar un sistema basado en subvenciones anuales que eran percibidas por las entidades con ocho o diez meses de demora. Cómo si no entender que estas entidades estuvieran permanentemente dispuestas al diálogo y a la participación en el diseño y desarrollo de programas para la atención a estos jóvenes, aunque raramente fueran convocadas a ello. Cómo si no entender que hayan participado desde el inicio, en programas cuya financiación era claramente deficitaria.

Afortunadamente, la actitud mantenida por estas entidades, ha sido crítica con la Administración. Cómo si no sería posible mejorar día a día en la obligación de prestar un servicio público de calidad que en este caso se dirige a la atención y reinserción de menores.

Pero mantener una actitud crítica no supone en modo alguno mantener una actitud oposicionista. Por el contrario debería entenderse como la expresión máxima del interés, de la colaboración y de la implicación en la mejora del sistema.

La calidad del trabajo ha sido innegable y así ha sido reconocido por la misma Administración. El capital humano, los profesionales de las entidades citadas es su principal activo. Juntos, entidades y trabajadores, han sido capaces de diseñar modelos de intervención que han dado riqueza al sistema por su diversidad y eficacia.

La permanente implicación de los profesionales en la tarea a desarrollar, su interés permanente en mejorar su formación y capacitación para, de esta manera, prestar un mejor servicio a los menores que atienden, es su principal activo y la muestra indudable de su profesionalidad. Todo ello no queda salvado por una simple subrogación del personal y la no pérdida del puesto de trabajo, que siendo importante (máxime en los momentos actuales), no es, ni por asomo, lo más fundamental.

Creo que, por todo ello, las entidades Fundación Nazaret, Asociación Los Arcos y Fundación San José Obrero y los trabajadores que dependiendo de ellas se han encargado del desarrollo del programa de medidas judiciales en medio abierto, merecen el reconocimiento público de su buen hacer, de su implicación y profesionalidad y animo a todas las instituciones que con ellas han trabajado y que así lo consideren reconozcan públicamente esa labor, de la forma que estimen oportuno.