Las movilizaciones en favor de la enseñanza pública desarrolladas en buena parte de la geografía española no responden, en realidad, al hecho de que el gobierno de Madrid haya decidido incrementar en dos horas semanales la carga docente de los profesores. Aunque esta decisión haya sido la espoleta que ha desencadenado la explosión, si la situación de la enseñanza hubiera sido la adecuada, no se habría producido una reacción similar. No. La realidad es bien distinta. Porque es lo cierto que la enseñanza pública, en la totalidad de España, se encuentra en franco proceso de degradación, sin medios personales y materiales suficientes, sin dinero incluso para abonar el agua corriente y la luz, sin colegios bastantes y dignos, sin profesorado capaz de cumplir con sus funciones elementales que, aunque Esperanza Aguirre diga lo contrario, no se limitan en edades complicadas a impartir clases, pues su labor es mucho más amplia y requiere de dedicación plena y de tiempo para desarrollarla.
Es un hecho sabido que la Educación Secundaria no funciona en la pública, que los niveles de abandono son insoportables, que la formación impartida tiene deficiencias cuyas causas deben buscarse en quienes la gestionan, no en los profesores cuya profesionalidad es incuestionable. Basta ver las instalaciones, los barracones que perviven durante decenios, para comprobar que estamos ante una realidad triste, cuya solución pasa por reconocer el problema y buscar soluciones, no culpar a quienes soportan la angustia cotidiana de decisiones que no logran disimular un escaso interés por lo público. Pero, nuestros gobernantes, carecen de plan alguno para afrontar la situación. Ni siquiera lo han meditado. Nadie sabe qué quieren hacer más allá de recortar. Como en todo en los últimos años, su capacidad no va más allá de quitar, sin ofrecer soluciones alternativas. Simplicidad absoluta, irresponsabilidad y desinterés.
La crisis obliga a adoptar medidas que garanticen la calidad y pervivencia del modelo social, porque no puede resolverse limitando los derechos de esta naturaleza, especialmente los de sanidad, educación y justicia, que es exactamente lo que están haciendo. No es admisible ninguna medida de ahorro que limite estos derechos, antes al contrario, se debe seguir invirtiendo en ellos y avanzar en su eficacia. Ninguna medida de ahorro tiene justificación en esos ámbitos, absolutamente ninguna, al menos mientras se mantenga una Administración absurda, despilfarradora e innecesaria.
Imponer en este momento recortes en educación es, además, un tremendo error cuando la crisis económica ha generado un desempleo superior a los cinco millones de parados, siendo en los jóvenes donde este fenómeno se ha cebado con crudeza. Por ello, muchos de los que antes se incorporaban al mercado laboral, hoy han decidido continuar sus estudios o comenzar otros con el objetivo de procurarse una formación adicional que pueda servirles en el futuro. Las matrículas se han disparado en todos los niveles educativos, casi trescientos alumnos más este curso, de modo que lo que se impone es una mayor inversión en esta parcela, incrementando aulas y profesores, pues es obligado ofrecer una respuesta adecuada a miles de jóvenes en paro, pero dispuestos, por las circunstancias, a aumentar sus conocimientos.
La educación es hoy una alternativa obligada para quienes no encuentran un trabajo y no desean estar de brazos cruzados. Si se quiere, por tanto, prestar apoyo a esa juventud desanimada e injustamente tratada por una crisis que no ha provocado, se debe aumentar la inversión en educación y abrir nuevos espacios formativos. De esta manera, la crisis, con todos sus efectos nocivos, podría servir para que, una vez pase, nuestros jóvenes se encuentren mucho más preparados y puedan afrontar los retos de una sociedad cada vez más compleja.
No es admisible no poder ofrecer a los que quieren estudiar, a los que se ven obligados a hacerlo aunque su intención fuera la de incorporarse al mercado laboral, una plaza escolar. No es lícito obligarlos a la vagancia, a la nada, a tomar el sol. No es tolerable que, ante una realidad de esta naturaleza, solo les ofrezcamos palabras.
Y ahí está el problema y la base de las movilizaciones. No se trata, termino, de dos horas más, sino de no incrementar una inversión indispensable en momentos en que la demanda educativa ha aumentado. En estas condiciones, ahorrar en educación es una equivocación grave y una opción que yo llegaría a calificar de ilegítima.
Las críticas que en algunos medios se profieren contra el profesorado son tan reprochables, que no merecen comentario alguno. Yo pediría a todos que, antes de mostrarse favorables a una decisión política como la adoptada, cierren los ojos y recuerden a sus maestros y profesores, a los que nos formaron, a los que nos dieron buena parte de nuestra educación. Mi respeto a todos ellos, a los que conservo en el corazón y a los que hoy ocupan su lugar. Sin ellos no seríamos lo que somos.
Nota: Quiero mostrar mi reconocimiento público al departamento de francés y a su catedrática la profesora Mari Ángeles Sirvent por su iniciativa que va a favorecer la contratación de cuatrocientos jóvenes en Euro Disney. En estos momentos de crisis, colaborar en la búsqueda de salidas profesionales a los jóvenes es digno de elogio y nos señala un camino que se debe imitar.
