Demasiadas cosas deprisa y a última hora, tanto las exigidas por el candidato socialista, rescate del impuesto del patrimonio, como las que obedecen a las consignas emanadas desde la vieja Europa. La manera de poner punto final a una legislatura no está siendo la más adecuada por parte del Gobierno de España. En los últimos días de su mandato, aparte del citado impuesto del patrimonio, eufemísticamente llamado de los ricos -denominación de origen en la que entrarían no pocas señorías vistas sus declaraciones de bienes y enseres-, se ha reformado la Constitución para encorsetar el déficit, y se ha dado el tiro de gracia al mundo laboral con la última de las reformas en lo tocante a la contratación. Difuminada y escondida tras acontecimientos como la enésima llamada al rescate de Grecia, prima de riesgo, euro y la galopante crisis de la economía europea, amén de los enquistados y pésimos números de la propia, surgidos al mismo tiempo que la gestación y parto cameral de una alteración del mercado laboral,que tiene visos de traer bajo el brazo más confusión e inconvenientes que el impulso a la lucha contra el paro juvenil que se pretende en la motivación y objetivos.
Pocos, ante tantos y tan magnos acontecimientos, son los que dedican una reflexión crítica de la ley que nos ocupa, nacida gracias a la abstención de los partidos de derechas de la cámara baja. Para justificar conceptos como sostenibilidad, competitividad, empleo u optimización productiva, el Gobierno se saca de la manga en la prórroga de una legislatura como mínimo convulsa en el ámbito financiero y laboral, una ley que plantea entre otras cosas la posibilidad de alargar el contrato en prácticas o de formación hasta la longeva edad de treinta primaveras, lo que posibilitará sin duda la existencia del "papá becario", pero que poco o nada aportará a la resolución del problema laboral que acucia a los jóvenes españoles, a los que conducirán a un modelo de contratación precaria en su máxima extensión.
Claro, que si conociéramos a fondo a los partidos políticos, no nos debería de extrañar que el ejecutivo haya optado por aumentar hasta la edad de treinta años los contratos de formación y aprendizaje. Los delfines socialistas agrupados en las Juventudes Socialistas, pueden militar en esta organización hermana hasta la misma edad que recoge la reforma laboral de sus mayores. Los populares, fijan la edad límite para pertenecer a las Nuevas Generaciones en los veintinueve, quizás para distinguirse de sus adversarios. Nuestra legalidad vigente fija la mayoría de edad a los 18 años, asumiendo toda persona los derechos y obligaciones universales que sustenta nuestra Carta Magna, mientras nuestros dos grandes partidos elevan sustancialmente esa cifra, indicando con ello que, según sus idearios, la madurez no llega hasta el entorno de la treintena. Juventud sin límites.
Esta nueva improvisación fomenta además que el "papá becario" pase a ser un temporero sine die, al posibilitar también la reforma la concatenación de contratos temporales sin la obligatoriedad de convertirlos en fijos a los dos años. Las medidas entran de lleno en los llamados contratos basura, por los que en su día el mundo sindical optó por movilizarse en una huelga general contra el gobierno de Felipe González el famoso 14-D, que quedó para los anales de la historia del movimiento obrero en España. La niebla de unos acontecimientos coetáneos, no debiera desvanecer un nuevo recorte de los derechos de los trabajadores. La proliferación y desarrollo de las contrataciones temporales en ningún caso potencian la contratación indefinida, sino al contrario marcan su finitud.
