En 2006 publicamos un grupo de estudio multidisciplinar de la Universidad de Alicante un artículo en una revista jurídica de prestigio como es la revista Aranzadi de Derecho Ambiental, sobre la curiosa y muy ilegal situación jurídica de la mayoría de las vallas publicitarias en la provincia de Alicante. Demostramos que estas vallas están prohibidas por la legislación europea, la nacional y la valenciana, de la última no por una ley sino por dos. En primer lugar, porque la Ley de Carreteras considera -igual que en todos los países europeos- que las vallas publicitarias a la vista del tráfico distraen la atención del conductor y, por ende, son peligrosas. Por otro lado, la legislación valenciana prohíbe las vallas publicitarias en terreno rústico dentro de las medidas de protección del medio ambiente. El artículo llegó a despertar el interés hasta de la Comisión Europea pero aquí "en casa" ná de ná. Aunque el rector envió el artículo con una carta a todos los alcaldes, en un intento de despertar su interés, en los cinco años desde entonces apenas se ha notado cambio alguno en la delictiva (según el título XIX del Código Penal) permisividad por parte de las autoridades locales respecto a las vallas publicitarias que desde entonces, gozando de una libertad ilegal casi ilimitada, crecieron no sólo en número sino en tamaño. ¿Quién no se ha dado cuenta de que las pancartas de hace 5 años ahora son vallas "monopostes" de 10, 15 o 20 metros de altura? ¿Quién no ha visto que las vallas se plantan no dentro de una parcela o un terreno sino en el mismo linde, con la pantalla muchas veces invadiendo el espacio público y los retranqueos obligatorios?

En Alicante, Sonia Castedo pareció querer erradicar esta invasión de hongos publicitarios, al menos los ilegales, pero los esfuerzos tímidos de su Ayuntamiento hasta la fecha no han resultado en una disminución de los mismos, más bien lo contrario. En Dénia se ha hecho algo más, pero tampoco encontraron la energía política suficiente. Todo esto con el mayor abandono de funciones que uno puede imaginarse, tanto por parte de los técnicos de los ayuntamientos como por parte del Servicio Territorial de Carreteras que es el encargado de velar por el cumplimiento de las leyes pertinentes. Ellos denuncian de vez en cuando, y allí se para la acción. Deberían haber acudido hace tiempo al fiscal de Medio Ambiente. El Defensor del Pueblo, quien tomó cartas en el asunto y dictaminó que las autoridades responsables deben proseguir sus acciones hasta conseguir el desmantelamiento de la valla ilegal, tampoco consiguió que cambiaran de actitud los involucrados.

Ahora, hace pocos días, el Ayuntamiento de Altea, uno de los más pequeños, ha dado un paso grande hacia una solución. Aunque desde 2005 tiene una ordenanza que regula las vallas publicitarias y exige licencia de obra, esta no se cumplía. Ahora la concejal de Urbanismo, Carolina Punset, ha anunciado que se aplicará la normativa y que "estamos decididos a librar al término municipal de todas esas infraestructuras" (INFORMACIÓN del 18 de octubre de 2011). Como las vallas están prohibidas por ley, en realidad no hace ni falta un régimen local específico, pero lo importante es que se tenga la voluntad de hacer lo que es debido.

Es de esperar que este ejemplo sea seguido por otros ayuntamientos y que se reduzca esta contaminación visual ilegal, peligrosa, y tan dañina para conseguir -por ejemplo- un turismo de calidad. En realidad, no debemos limpiar nuestras vistas de estas monstruosidades pensando en el turismo, sino en nosotros mismos, los que vivimos aquí en este maravilloso entorno que hemos dejado degradarse durante años sin darnos cuenta o sin pensárnoslo un pelín. Ojalá cuidemos entre todos el entorno ya tan frágil que tenemos. Ojalá desaparezcan las vallas de la vergüenza.