El próximo 26 de septiembre se dictará el decreto de disolución de las Cortes Generales y se convocarán las Elecciones Generales al Congreso y Senado para el próximo 20-N. Esta legislatura ha sido, creo no equivocarme, la de la ansiedad económica. En esta legislatura, aparte las estrecheces económicas de muchísimos españoles -algunas, dramáticas-, hemos aprendido muchos conceptos economicistas que antaño ni siquiera teníamos curiosidad por su contenido y significación. Hemos casi conformado una especie de guía financiera básica, muy particular, para deambular por este intrincado y proceloso mundo de la macroeconomía. A fe que tiene íntima relación (por sus efectos perversos y diabólicos) con el derecho a la protección de la salud. En las presentes circunstancias, no hemos tenido más remedio, forzados por la situación y la reiteración a través de los medios de comunicación, que conocer su interioridad, efectos y derivaciones. Se tenía la previsión de aprobar leyes muy importantes, que, por mor de la falta de tiempo, van a decaer en su tramitación. Será ya en otra legislatura, y, naturalmente, si hubiere oportunidad para ello.
Es de recordar que el ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, presentó en la reunión de Gobierno un paquete de 27 proyectos, para iniciar su tramitación en julio hasta el final de legislatura que se preveía fuera en marzo de 2012. Muchos de ellos han visto el BOE. Tal es el caso de la ley de reforma de la Seguridad Social, tramitación de la reforma de la negociación colectiva (todavía como Real Decreto-Ley), nueva Ley de Registro Civil, Ley de Nuevas Tecnologías en la Justicia, Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Otras están a punto de ser aprobadas en el Senado, probablemente en el pleno del próximo día 13 de septiembre, tales como: ley de jurisdicción social (importantísima), ley de reforma concursal (necesaria para acelerar trámites y dar otro sesgo a los concursos de acreedores), también la ley de agilización procesal (cuya finalidad formal y básica es eliminar hojarasca en la tramitación de los procesos jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y penal), ley de integración del régimen especial agrario en el General, ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias (que viene en proteger a las mujeres que trabajan en el campo) o Ley General de la Salud Pública.
Otras iniciativas no podrán ver la luz normativa. Es el caso de proyectos de ley tan interesantes como el de transparencia y acceso a la información pública. Ya el Congreso aprobó por unanimidad el 21 de junio, una moción que instaba al Gobierno a presentar esta ley antes de agosto. La finalidad que perseguía esta ley era la de modernizar el Estado, dar garantías de acceso a la información solicitada, la respuesta expresa y obligada a las peticiones ciudadanas. Los países escandinavos han liderado este ejercicio de transparencia. El derecho a la información pública en Suecia data de 1776; en Finlandia data desde 1970, y en Dinamarca desde el año 2000. En EE UU, el Acta Federal de Libertad de Información se remonta a 1966.
Otra ley que quedará varada será la ley sobre cuidados paliativos y muerte digna (derecho a morir sin dolor) que, barrunto, debiera de haberse hecho ímprobos esfuerzo para su aprobación; en el mismo contexto se halla la ley integral de igualdad de trato (contra la discriminación por razón de raza, sexo, etcétera). Cómo la Ley de Inspección de Trabajo, en un contexto presente de abuso sobre los derechos de los trabajadores, prevaliéndose de su precaria situación y debilidad económica. Los hay desalmados.
En consecuencia, la presente legislatura, a nivel de producción legislativa, ya no ha podido dar más de sí. Las circunstancias económico-financieras han centrado todo el foco de atención. El drama del desempleo es, a fecha de hoy, el principal problema que acecha España -y en menor medida la corrupción-, por lo que cualquier Gobierno que salga de las urnas el próximo mes de noviembre ha de centrar todos sus esfuerzos y full time en buscar una solución radical a este magno problema social, particularizado en España. Es harto evidente que el socialista Rubalcaba es un gran candidato, un político de altura, de raza, con ideas y con intuición. Frente a ello, el conservador Rajoy, menos considerado políticamente por las encuestas personales, tiene tras de sí el respaldo de una fortalecida formación política y el contexto económico. Los debates políticos en televisión, creo, acercarán a la ciudadanía el conocimientos de las ideas y soluciones de cada cual, pero con datos y con cifras. Para que las demagogias queden fuera.
