Para no alargarme demasiado les comentaré lo acontecido en este año. A comienzos del año, y por mediación de la actual alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, la Asociación de Vecinos Litoral de Arenales del Sol fuimos invitados a asistir al Senado, en donde se iba a pasar una propuesta de Ley presentada por el Partido Popular que intentaba una modificación de la Ley de Costas para salvar determinados negocios en las rías de Asturias afectados por la misma. Pese a que esa modificación no "servía" para solucionar nuestro caso, acudimos. Sorprendentemente, CiU presentaba una propuesta alternativa que tenía la intención de salvar de la aplicación de la Ley de Costas lo que se consideraba núcleos urbanos singulares (el caso de Ampuria Brava, por ejemplo). Tras una serie de contactos, estos partidos acordaron apoyarse mutuamente en sus propuestas. De esta forma, el Senado español aprobó el 9 de febrero una modificación de la Ley de Costas en el sentido indicado anteriormente con la exclusiva oposición del Partido Socialista. La aprobación de esa modificación está hoy pendiente de que se pase por el Congreso de los Diputados para que sea efectiva.
En el mes de marzo, los concejales socialistas el Ayuntamiento de Elche, señores Martínez y Pérez, nos ofrecieron acudir al Ministerio de Medio Ambiente para hablar con el director de Costas sobre nuestro caso, aprovechando que habían organizado una entrevista para otros afectados próximos a nosotros. El señor director de Costas, Pedro Antonio de los Ríos, nos atendió cordialmente e hizo tres consideraciones a resaltar. La primera, que bajo su mandato era su intención abrir una negociación con todos los afectados buscando una solución negociada, eso sí sin dejar de aplicar la Ley (sic). La segunda, que Costas nunca se había opuesto a la aplicación para los afectados de una modificación de la Ley de Puertos que permitía la transmisión inter-vivos de las concesiones. La tercera, es que para él este caso, el de Arenales, es un caso muy especial por lo complejo del mismo.
En el mes de abril, la PNALC que contribuimos a crear y de la que formamos parte, celebró en Valencia unas Jornadas sobre la Ley de Costas de 1988 en las que se debatió por parte de expertos (incluido un exdirector de Costas) la situación actual de la misma y su posible modificación para evitar los abusos que con ella se han cometido. En las conclusiones se ponía de manifiesto que la actual Ley de Costas no ha servido para frenar la construcción en la costa (desde 1988 se ha construido el 70% de lo que hay en la actualidad) y ha generado tantos problemas entre los propietarios nacionales y extranjeros que aconsejan su revisión.
En el mes de mayo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo nos convocó, a los afectados de toda España que lo habían solicitado, a una nueva reunión en Bruselas para tratar, una vez mas, nuestra situación. La sesión recogía tanto intervenciones singulares de ciudadanos europeos que exponían sus casos, como las exposiciones de los representantes de colectivos de toda España como la PNALC. No les cansaré describiendo el grado de desesperación que personas de todas las edades, condiciones y lugares de Europa manifestaron ante los asombrados diputados europeos. Tampoco les relataré las duras palabras que diputados de toda Europa, pero principalmente ingleses y alemanes dirigieron hacia el comportamiento de nuestro Gobierno en este caso (se nos tachó de república bananera por el desprecio a los derechos de propiedad). La sesión fue insuficiente para el drama que allí se describía en todos los idiomas. Personas que habían confiado en que este país seguía un comportamiento similar al suyo, y que compraron propiedades legales antes de la Ley de Costas, veían con horror cómo sus ahorros y planes de vida se disolvían en un instante al aplicárseles la Ley de Costas de 1988. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo volvió a insistir en dar un toque de atención al Gobierno español reiterando su amenaza de bloquear los fondos comunitarios y elevar el tono de la advertencia, prometiendo que el tema quedaba abierto y prestaría atención a su evolución.
Los acontecimientos económicos y políticos de estos últimos meses han sido tan graves que este tema ha pasado a segundo plano sin que se le preste la atención adecuada. Sin embargo y como indiqué al principio, este tema trasciende de la mera defensa de unos intereses particulares frente al Estado-Gobierno. De hecho, de esta lucha deberíamos sacar dos resultados. Primero, que en el futuro ningún Gobierno tenga la capacidad de aprobar leyes que pueda aplicar con carácter retroactivo (mediante subterfugios como aquí) sin que se compense adecuadamente a los ciudadanos. Esto contribuirá a reestablecer la confianza que hemos perdido frente a los ciudadanos europeos. Segundo, que el Gobierno cuando apruebe leyes las acompañe de la memoria económica que refleje el coste que la aplicación de esas leyes supone. Esto evitaría que se puedan aprobar leyes (la de Costas, la de dependencia, la de derechos históricos diversos) que por no poder aplicarse adecuadamente por falta de medios crean frustración y recursos sin fin contra la administración. Hay que volver a ser un país serio y riguroso a los ojos de los demás.
Por último, y como dijo en un memorable artículo la actual alcaldesa de Elche, los Arenales del Sol tienen solución ( y creemos que muchos otros cientos de casos en toda España). Se trata de respetar los derechos legales que una vez este Estado garantizó y luego eliminó.
