El pasado martes tuvimos un pleno extraordinario del Congreso en el que se votaba el primer paso parlamentario para la reforma de la Constitución, para modificarla con el fin de controlar el déficit y el gasto público. Se cumplieron los requisitos formales y legales, y fue aprobada dicha reforma por una amplia mayoría.
Hasta ahí, todo parece correcto y nadie debería quejarse. Entonces, ¿cuál es el problema?, ¿por qué todo el mundo parece estar molesto con nuestros políticos?, ¿es que no se está cumpliendo estrictamente la ley?
El problema no es el cumplimiento de la ley. El problema es que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, se están acostumbrando a imponer las leyes, y de esta forma evitar que se discutan en el Parlamento a través de lo que denominan "leyes de acompañamiento" y mediante las cuales reforman todo tipo de leyes. Evitan con ello el debate parlamentario y que los ciudadanos a través de sus representantes puedan decidir sobre ellas.
El problema es que ahora no se quiere modificar una ley cualquiera, sino la Constitución, nuestra Carta Magna, y que esta reforma no parte del pueblo o de la decisión meditada de sus representantes, sino de alguien externo a España. No parte de la reflexión, sino de la improvisación.
Durante dos legislaturas, ni Gobierno ni oposición, ni PSOE ni PP, se pusieron de acuerdo en nada. Perdón, me olvidaba que a la hora de implantar el Estado de Alarma para someter a los controladores aéreos sí se pusieron de acuerdo. Pero en el resto de cuestiones de vital importancia para España, nunca alcanzaron acuerdos.
Mientras estábamos pasando la crisis económica más importante que ha sufrido España, y en la cual todavía nos encontramos, fueron incapaces de llegar a acuerdos para sacarnos de esta situación. Qué ilusos fuimos al creer que antepondrían el "interés general" de todos los españoles por encima de sus intereses partidistas y electoralistas. Pues, aunque no lo crean, siguen sin llegar a acuerdos, salvo en esta reforma.
Pero solo hizo falta una llamada de teléfono, para que los líderes de ambos partidos, PSOE y PP (tanto monta, monta tanto) corriesen como alma que lleva el viento, se reuniesen y acordasen la reforma de la Constitución, y todo ello en 48 horas. Y de nada sirve que los ciudadanos pidamos explicaciones de esta situación, o simplemente pidamos que se nos escuche colocando una tercera urna el próximo 20-N, porque nadie nos va a hacer caso. ¿Es necesaria tanta precipitación?
Todos hemos visto y oído las discrepancias de algunos de los políticos en ambos partidos, pero al final las maquinarias del PPSOE han acallado la poca libertad que parecían tener. Claro está que, como el que se desmarcase no iba a aparecer en la próxima foto, cambiaron su libertad por un plato de garbanzos. Solo uno, entre todos los políticos del PSOE proclamó su independencia votando en contra, no sin antes anticipar que no se iba a presentar a las próximas elecciones. De todas formas, tampoco le iban a dejar.
Lamentablemente, nos encontramos en un sistema bipartidista que ha secuestrado el poder de los ciudadanos, que no olvidemos somos los actores principales de nuestra democracia, y son los partidos quienes ahora toman las decisiones. Los ciudadanos no elegimos libremente a nuestros representantes, sino que nos son impuestos por los partidos en unas listas cerradas. Y además, como en esta ocasión, acallan las voces de aquellos que se muestran disconformes.
Para controlar el déficit y el gasto público no hacen falta más instrumentos jurídicos, tenemos suficientes, como decía Rosa Díez en su memorable intervención contra esta reforma, "lo que hace falta es decisión política". Y es chocante ver que quienes han dilapidado el erario público, pudiendo optar por la transparencia y por la austeridad como parte de esa decisión política, ahora se justifiquen con que hace falta reformar la Constitución.
Pues no, lo que hace falta como fruto de esa decisión política es ajustar los gastos a los ingresos, priorizar aquellos más importantes y realizar un exhaustivo control y seguimiento de las inversiones y gastos realizados. Han estado años construyendo aeropuertos y líneas de alta velocidad donde no se justificaba su creación, han estado gastando en hacerse publicidad de su gestión, han estado dedicándose a dirigir cajas de ahorros con los resultados tristemente conocidos, como el caso de la CAM o de la Caja Castilla-La Mancha, y ahora nos vienen con estas.
Ambos partidos no se diferencian en nada y coinciden en el desprecio a la voluntad de los ciudadanos. Su actitud se asemeja más a posturas autoritarias que a posturas democráticas. Esta reforma de la Constitución es un atropello democrático, porque se hace desde la imposición y desde la improvisación, sin respetar el debate público y sin transparencia, y sin atender a la verdadera reforma que hay que acometer para consolidar los 30 años recorridos y prepararnos para otros 30 más. Podrá ser legal, porque cumple los requisitos legales, pero esta reforma de la Constitución no respeta las reglas democráticas formales y no es democráticamente legítima.
Solo espero que los ciudadanos no nos olvidemos el próximo 20-N de todo esto, y dado que es nuestro momento de elegir, lo hagamos conscientes de la trascendencia y la importancia que supone nuestro voto.
