El próximo 22 de mayo se elegirán los nuevos diputados y diputadas de las Cortes Valencianas, y los regidores y las regidoras de nuestros ayuntamientos. Para Comisiones Obreras del País Valenciano, la participación en los procesos electorales es un acto de responsabilidad ciudadana, y además se muestra como un elemento necesario, aunque no suficiente, para el reforzamiento de una sociedad democrática. Los ciudadanos y las ciudadanas somos los últimos responsables, con nuestra participación más o menos activa en la vida política, de la salud de nuestra democracia. Desde las Comisiones Obreras del País Valenciano exigimos a los nuevos diputados y diputadas, regidores y regidoras, como representantes del pueblo valenciano, que su tarea diaria de toma de decisiones políticas sea conforme a los principios del interés común, la máxima transparencia, la legalidad y la participación social, única forma de evitar el desprestigio que hoy afecta a la política partidista y genera desilusión en la ciudadanía. Además, sólo así podremos luchar contra aquellos que quieren deteriorar la imagen de la política con el objetivo de limitar las libertades individuales y colectivas priorizando los intereses de los mercados. Por otra parte, la situación actual de grave crisis económica nos sitúa a todos y todas ante un reto importante a la hora de priorizar, no sólo las actuaciones políticas concretas, sino la misma importancia de la política como mecanismo para la actuación en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Por todo esto, pensamos que las fuerzas políticas que se presentan a estas elecciones deben comprometerse a combatir todo tipo de aprovechamiento en el ejercicio de las responsabilidades públicas.
Para Comisiones Obreras del País Valenciano, la defensa de los intereses de la clase trabajadora en esta coyuntura social y política de crisis pasa por priorizar en las políticas públicas la creación de empleo de calidad, la protección a los grupos sociales más vulnerables, el desarrollo de los servicios públicos y el cambio hacia un modelo productivo sostenible socialmente, medioambientalmente y económicamente. La crisis conlleva cambios y éstos deben dirigirse hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Por eso, apostamos por la defensa del carácter público y la provisión pública de los servicios esenciales, el reforzamiento de las instituciones autonómicas y municipales para que puedan atender las necesidades sociales de sus ámbitos de actuación competencial con cooperación y eficiencia. Pero, igualmente, defendemos y pedimos que promuevan la participación y la implicación de la sociedad en encontrar las medidas para atenderlas con justicia, progresividad y solidaridad.
Son las instituciones autonómicas, municipales y supramunicipales las que pueden favorecer los cambios necesarios, incluso en la gestión y en los resultados de políticas públicas que escapan a sus competencias. Porque de su implicación y cooperación se deriva una mayor eficacia y eficiencia en las distintas políticas sociolaborales y económicas.
La salida de la crisis necesita del liderazgo del sector público y de la implicación y el compromiso de sus órganos de gobierno. Ésta no se podrá hacer sin la ciudadanía y sus organizaciones representativas. Las elecciones deberán servir para construir las nuevas etapas y políticas con otra voluntad que la que hasta ahora ha sido manifestada por parte de los partidos.
Al poner de manifiesto con motivo de la campaña electoral de mayo de 2011 estos posicionamientos y propuestas de reflexión, estamos asumiendo como confederación sindical representativa, nuestros compromisos y responsabilidades; si cabe, con más voluntad y firmeza.
