Propongo regalar a cada uno de los políticos electos un juego del Monopoly. Me refiero a los que se encuentran en bodas y banquetes de alto copete, por lo que estaríamos hablando de dos o tres docenas de juegos. No es para extenderlo a la camarilla de asesores, consejeros, enchufados y aspirantes, que ya sería demasiado. No debe ser por tanto muy costoso y podríamos ahorrarnos mucho.
Eso sí, con la condición de que en su quehacer público se abstuvieran de jugar con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos, de que fueran transparentes y responsables en la asignación del gasto y de que no tomaran decisiones que afectaran al devenir socioeconómico y urbanístico de la ciudad con dados trucados.
"Te cambio esta recalificación por tres pisos en la calle Serrano", "Te cambio este centro comercial por la presidencia del banco"", "Si me pagas el 15% de comisión te dejo pasar por esta casilla y te haces con el cine", "Para agradecerte el puesto en el consejo, te invito a un viaje a Ibiza en mi yate", "Pásame la información del plan general y toma este billete a Nueva York, más gastos de viaje, para que pases una feliz navidad"", "Si me concedes un préstamo para el parque de atracciones, te dejo avanzar diez casillas".
Estas o parecidas son las conversaciones que se desarrollan alrededor del juego del mMonopoly. Para quienes hayan jugado alguna vez seguro que le parecerán familiares. Y a quien no haya jugado nunca, posiblemente les recordarán a las conversaciones recogidas y grabadas por la unidad de la Policía de la Fiscalía Anticorrupción a los imputados en los múltiples procesos que se llevan a cabo en nuestra querida comunidad.
Los presuntos implicados, que hacen alarde de honestidad en cualquier foro público y mediático a su alcance, sin embargo rechazan, a través de sus abogados, con todas las estrategias procesales posibles, la validez en sala de estas grabaciones. Ponen palos en la rueda a las instrucciones judiciales para retrasar y complicar lo más posible los juicios de sus ilustres clientes. Y si prescriben, mejor.
Todo vale, hasta la utilización del sufragio popular para el aforamiento y el trastoque jurídico. El razonamiento de la gente de la calle: "no tiene nada que temer quien no tiene nada que esconder", no parece muy alineado con este comportamiento. No responden a las preguntas sobre las acusaciones o contestan algo totalmente distinto a lo que se pregunta, no convocan ruedas de prensa para no tener que dar explicaciones, aparecen a cuenta gotas en las cortes y niegan cualquier comisión investigadora, elaboran un discurso totalmente alejado de la realidad desde un país de cuento, acusan a los medios de comunicación de acoso y derribo, y a los mensajeros de obtención irregular de pruebasÉ El mundo al revés.
Es la misma táctica que promueve unas normas de transparencia y las proclama a los cuatro vientos para, a continuación, presentar tránsfugas e imputados por decenas a las listas de aspirantes a las elecciones autonómicas y locales. ¡Qué forma de aprovecharse del derecho a la presunción de inocencia! ¡Qué forma de aprovecharse del marchamo garantista de nuestra legislación, sobre todo si el partido paga a buenos abogados, y si tienen la oportunidad desde sus puestos de privilegio en el "establishment" de enredar en la dinámica, teóricamente independiente, de los tres poderes!
Estos políticos que esgrimen sus derechos constitucionales sólo cuando les interesa (hay que ver el juego que les está dando la citada presunción de inocencia), pero que se olvidan de los derechos de los administrados tan frecuentemente (con el incumplimiento de la ley de dependencia, las carencias sanitarias o de escuelas públicas, o con la obligación de pago en los plazos legales a sus proveedores -lo que ha llevado a cerrar a muchas empresas-), en otros países serían repudiados de sus labores políticas por la ciudadanía.
Periódicamente el CIS hace estudios sociológicos que miden el prestigio social de las distintas profesiones, y en este indicador la clase política no sale precisamente bien parada. Así se explica la creciente desafección de la gente hacia la política. Ese desapego y ese divorcio creciente con los políticos no es nada bueno para el sistema democrático de un país. La hipocresía en la acción política es una enfermedad que se transmite al conjunto del cuerpo social, y sus efectos contagiosos se traducen en una doble moral y en una falta de valores que impregna el día a día de las relaciones interpersonales.
Hay que quitar esa costra de impunidad y encubrimiento que ha aflorado alrededor de la función pública. Los políticos honrados, que sin duda los hay, tienen la obligación moral de descubrir a los corruptos, aunque sean del mismo partido; de otra forma, participan y son encubridores de la misma estafa.
Hay que devolver a la acción política y a los políticos su carácter vocacional, su iniciática actitud de servicio y compromiso con la comunidad, su función de liderazgo en la promoción de los valores sociales, su ejemplo constante de austeridad y trabajo a favor de los ciudadanos que los han elegido como representantes. Pidamos permiso para soñar.
