En contadas ocasiones ha desarrollado la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad la frenética actividad a la que se ha lanzado esta semana desde que el martes se practicaran las once detenciones y los 19 registros de la segunda entrega de la operación Brugal. Ni en pleno furor del caso Gürtel, cuando el que comparecía ante el juez era el primer presidente de la Generalitat que ha sido imputado, el gabinete de prensa llegó a difundir tal cantidad de comunicados. Tantos y tan confusos. Si uno de los cometidos de una oficina de comunicación es facilitar el trabajo a los periodistas haciéndoles llegar de la forma más clara y precisa la información de que se trate (máxime si ésta es tan delicada para los afectados y tan árida para la mayoría de los mortales como la judicial), lo mínimo que se le puede pedir al TSJ es que su gabinete no enrede, como lo ha hecho esta semana, emitiendo cuatro comunicados (dos de ellos con unas horas de diferencia) en los que ni tan siquiera quedaba claro si el juez que investiga este presunto caso de corrupción sabía que Brugal era algo más que un ron, ni si los agentes que practicaron las detenciones eran en realidad policías o ladrones. Una estrategia ¿informativa? que ha contribuido a avivar el embrollo que ha provocado este operativo (y que el PP está azuzando hasta llegar a hablar, como ha hecho el vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, de "detenciones ilegales") sin calibrar, o quizá si, el peligro de sembrar la desconfianza en instituciones básicas de un Estado de Derecho. Lástima que este celo no se haya reflejado en la elaboración de unas notas de prensa claras en las que al menos se informara con precisión de las imputaciones de cada uno de los implicados. Porque el que la juez decana de Orihuela haya tenido que intervenir en favor de los periodistas frente a algunas de las pretensiones del gabinete de prensa es tan insólito que se explica solo.
