Terminaba diciéndoles ayer que la confusión en torno a las intervenciones policiales registradas el 6-J había sido tremenda. No parecía factible que el desbarajuste pudiera ir a más. Ha ido. El martes, el Gabinete de Comunicación de la Dipu suministró un escueto comunicado en el que hacía constar que el juez dejaba en libertad sin cargos y sin tomar medidas cautelares a su presi, comunicado que éste no reconoció. Como respuesta a tal notificación, el Ministerio del Interior emitió otro en el que aseguraba que la poli había practicado once detenciones a instancias del juzgado número tres de Orihuela. Al día siguiente, el Gabinete de Comunicación del tesejota respondía que "no existe resolución judicial por la que se haya ordenado la detención de persona alguna ni tampoco se ha acordado la citación ni la imputación de nadie". A raiz de todo ello, dirigentes del pepé salieron a hablar de tropelía señalando a Rubalcaba. Ripoll, como afectado, desmintió a todo quisque: mostró la citación que le habrían entregado en la detención y subrayó que ésta se había realizado con todas las garantías. Al mismo tiempo manifestó desconocer los motivos por los que había sido detenido. Parece mucho pedir en medio de este berengenal. Si a esto se añade que los que iban a ser arrestados conocían con antelación la que se les venía encima, creo que no cabe duda de que el procedimiento con el que se ha llevado a cabo la llamada "operación Brugal" ha sido irreprochable. Tanto, que cuando escribo a estas horas de la tarde ignoro si alguien finalmente declarará o no; si Orihuela sigue contando con juzgados; si lo ocurrido no es una artimaña ripollista para lanzarlo al estrellato puesto que comparecer en tales circuntancias y hacerlo del modo que lo hizo no está al alcance de cualquiera o si tras la movida se encuentra la subida de los abonos del Hércules. Me inclino por esto último.
