Presentar una denuncia sobre la base de meras conjeturas, sospechas o suposiciones, sin aportar un solo indicio, un solo principio de prueba objetivo en que basar las anteriores, es lo que ha hecho el PP al indicar a la Policía como autora de actos de espionaje sobre su sede valenciana y sus militantes. En lenguaje vulgar, podríamos calificar su delación como un chisme y de esta manera, como tal, con esa calidad aunque con palabras elegantes, lo ha rechazado la Justicia que no se presta a este tipo de juegos que tan comunes son en esta maltratada España por causa de una forma de hacer política que ya causa más risa, que enfado, vista la capacidad de ridiculizarse sin inmutarse de algunos.

El zarpazo judicial era de una lógica aplastante, pues no puede ser admitida una denuncia, en ningún ámbito -aunque algunos así lo crean sin sonrojarse-, sin concretar a sus autores y, al menos, indicar someramente los elementos objetivos que sirven para sostener una imputación. Nadie puede instar un proceso sobre la base de su exclusiva creencia, de sus intuiciones y pedir que se investiguen sus teorías, ya que todo proceso comporta siempre un elemento difamador para aquél sobre el que recae. Que se declare inocente a una persona después, nada quita al daño que una denuncia o una imputación puede causar. Una mentira repetida mil veces, se convierte en verdad para muchos que la oyen. Y eso es lo que está haciendo el PP con excesiva frecuencia, al más puro estilo goebbeliano, consciente de su actuación, querida y buscada de propósito para infundir una gran sospecha en todos los órganos del Estado encargados de la investigación penal.

Afirmar que la Policía estaba realizando escuchas ilegales de su sede y personas es imputar un delito y hacerlo cuando no hay pruebas que avalen esta teoría, sino exactamente las contrarias, es decir, que se investigaban otros hechos, constituye una conducta que no puede quedar impune si queremos una sociedad mejor. La libertad de expresión no es libertad de imputación. Que los políticos hayan de soportar una crítica mayor, por su posición, no autoriza a pensar que hayan de tolerar lo mismo quienes son profesionales que cumplen con su trabajo y viven de su sueldo. Y menos comprensible es que suceda lo contrario, es decir, que los ciudadanos hayamos de soportar el insulto y que los políticos se querellen cuando se les critican sus hechos dignos de sospecha. Tal vez estemos ante un supuesto claro de denuncia falsa que como tal ha de ser tratada, debiendo la Fiscalía actuar de oficio, por mucho que se arriesgue al ataque enfurecido de quienes sin duda les van a desprestigiar. Callar es incomprensible, cuando por mucho menos se condena a los ciudadanos.

Antología del disparate. Y, hablando de libertad de expresión, la resolución del síndico de Agravios en el asunto de la censura a la Unión de Periodistas, es digna de figurar en la antología del disparate. No voy siquiera a calificarla o a ridiculizar lo que en sí mismo es ridículo, porque así es supeditar la libertad de expresión a la proporcionalidad de la crítica. Decir que una exposición debe contar con trabajos que critiquen proporcionalmente a las diversas formaciones políticas constituye en sí misma una de las afirmaciones más absurdas que uno puede encontrar en el marco de las resoluciones jurídicas. Porque cada periódico, periodista, pintor o cantante critica a quien le da la gana y no por ello puede limitársele su libertad de expresión o justificar la censura. El síndico viene a decir que la Administración podrá censurar a partir de ahora toda aquella manifestación cultural que no respete en su crítica la proporcionalidad política. Que el PP tiene cincuenta diputados y el PSPV cuarenta, pues el recital debe contener cinco canciones que critiquen al PP y cuatro al PSPV y, en caso contrario, se podrá censurar legítimamente.

Podía haber llegado a la conclusión de que no se había afectado el derecho de los periodistas con otros argumentos, difíciles de hallar, es cierto, ante la evidencia del atropello. Pero, un poco de imaginación y de estudio podía haber proporcionado al síndico motivos erróneos, pero con apariencia de seriedad. Ha optado por plasmar en papel una tontería de efectos inimaginables, ante la cual muchos se habrán mostrado satisfechos en un arrebato de satisfacción que no les debía sorprender en un fondo que ya conocían de antemano. Y esto es lo que me molesta. La falta de inteligencia, de pudor, de conocimientos. La ausencia de resortes que impidan decir tanto en tan poco espacio.

No me preocupa que el síndico no actúe independientemente, porque ya era algo sabido. No es ninguna sorpresa y es incomprensible ahora rasgarse las vestiduras. Lo mejor, pues, ya que nada se puede hacer para que en España funcionen las instituciones es no acudir a algunas de ellas, como nuestra Sindicatura de Agravios. Mejor dejarla en paz y no dar a su titular posibilidades de expresarse en su forma natural y espontánea. Por eso me extrañó que la Unión de Periodistas formulara su queja. Ya deberían haber intuido la que se les venía encima.