El municipio de Elche empezó el siglo XX con veintisiete mil habitantes. La mitad vivía en la ciudad y la mitad en el campo. Elche fue un entorno con un fuerte componente del medio campesino. Configuró un desarrollo demográfico caracterizado por fuertes oleadas de inmigrantes que crearon distintos estratos sociales que, no obstante, siempre asumieron de manera dócil e incontestada los valores culturales nativos. La burguesía local autóctona todavía hoy guarda un acusado rastro de propiedad rural. La presencia de los valores del propietario agrícola en Elche es más importante que su peso numérico. Con veinticinco mil hectáreas de regadío y treinta y cinco mil habitantes -el quince por cien de los habitantes del municipio- su importancia en la economía local sigue siendo objetivamente relevante. Su peso político, sin embargo, parece no andar a la par.

Ninguno de los dos grandes partidos ha producido un discurso político claro para ese sector de la población. Y tampoco ha desarrollado un programa acorde con lo que realmente necesita el campo ilicitano. La izquierda se encuentra con un doble problema. De un lado, tropieza con un medio campesino integrado por pequeños propietarios y no por jornaleros, lo que tradicionalmente ha significado una fuerte prevención ideológica frente a los partidos de izquierda. De otro lado, desde el gobierno local ha chocado con la persistente actitud reivindicativa de los núcleos rurales que siempre se han sentido infradotados. El PP, por su parte, tiende a dar por sentado que los agricultores son clientela propia por naturaleza. Sin embargo, las fidelidades no se conservan en formol. Requieren un cultivo permanente. Y actitudes claras y nítidas. Algo que el PP no ha mostrado, por ejemplo, en su posición sobre el agua. Pasó de instrumentar el agua como un arma política y un guiño al campo a "hacer aguas" en su planteamiento cuando el trasfondo político del estatuto castellano manchego evidenció su tibieza en la defensa del trasvase Tajo Segura. Tan sólo la UPyD de Rosa Díez mantuvo desde el inicio una actitud rotunda y sin ambages.

Así las cosas, el campo ilicitano ha dejado dormir durante varias décadas un permanente estado de insatisfacción. Hasta que algún episodio lo rescata del duermevela y lo instala en la ansiedad. Tal es el caso del conflicto de los regantes ilicitanos con la posición del gobierno valenciano en relación con el Hondo. Un conflicto que arranca de muchos meses atrás y que está llegando a un punto insostenible. La catalogación como espacio natural de la charca ilicitana y la consiguiente implicación de la Generalitat Valenciana en su gestión ha llevado al Hondo a lo que se podría considerar una suerte de comedia de enredo si no fuera por las nefastas consecuencias que están sufriendo los regantes. Una regulación proteccionista de trazo grueso ha llevado la situación a un callejón sin salida en el que la defensa de la cerceta pardilla y la malvasía cabeciblanca y la lucha contra la amenaza del botulismo han dificultado -cuando no imposibilitado- las actividades tradicionales de los agricultores. O sea, las medidas del gobierno valenciano han conseguido hacer incompatibles la protección medioambiental y la actividad económica. La desaparición del conseller García Antón, de talante más dialogante, ha dejado a los regantes ante la rigidez de Cotino. La insatisfacción del campo ilicitano está dejando paso a la indignación al añadir a la perversión reguladora la desaparición de las ayudas financieras y la discriminación respecto de la Albufera valenciana que con características similares no sufre ninguna de estas restricciones.

Y en estas condiciones sobresale más que nunca la soledad en que se encuentra sumido el campo ilicitano. Tan sólo Riegos de Levante, con Manuel Serrano y Urbina a la cabeza, parece arrostrar con la defensa numantina de sus intereses. Y caro estuvo a punto de costarle con el episodio que acabó llevando a los tribunales al gerente Miralles y que pudo haber supuesto, de no haber mediado una resolución favorable, la mecha que incendiara el fin de la paciencia de los agricultores. El Pleno municipal del pasado lunes, en que una moción del equipo de gobierno trató el tema no hizo más que escenificar la orfandad de este medio social. El PP reclamaba de memoria su paternidad política del distrito electoral 7º -el campo- pero no apoyó sus reivindicaciones. La mayoría municipal, por su parte, se puso a la cabeza de las reivindicaciones de los regantes pero es más que dudoso que no primara en su actitud cierto oportunismo político. Decididamente, el campo ilicitano, hoy por hoy, no tiene quien lo quiera.