27 de junio de 2010
27.06.2010

Buscando votos

27.06.2010 | 07:00

Están pensando los ediles municipales y no digamos sus colegas de las comunidades autónomas, en las elecciones que se celebrarán el próximo año y, como toda ocasión es buena para buscar votos, no dejan de apuntarse al aplauso y a los vítores de los ganadores con tal de alejarse del sinvivir teresiano de la crisis. Atraen el oropel ajeno sobre sí, quizá para que éste resplandezca sobre la caspa, acercándose a los vencedores como si fuesen los protagonistas -del éxito se dice que tiene cien padres-. Por el contrario, se alejan o rebajan de lo fracasos propios -porque los fiascos son huérfanos-, con el fin de que al amortiguarlos sean menos perceptibles por sus votantes.
Se ha podido ver con el ascenso del Hércules CF. La alcaldesa, Sonia Castedo, que sostiene con ejemplar empeño, la necesidad de mejorar la financiación local, porque sus ingresos no alcanzan a cubrir los gastos municipales, especialmente los sociales, que confiesa irrenunciables, ha prometido un nuevo estadio Rico Pérez, con o sin el apoyo del PSPV, y Alarte, ratificándolo con el "colaboraremos", pese a que la alcaldesa obvió al portavoz socialista Roque Moreno, también se apuntó a la aventura de un gasto, que ya se ha envuelto en el celofán de operación inmobiliaria, porque media Enrique Ortiz, cosa rara.
También el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, participó del éxito, y en tiempos en que se cuestionan las diputaciones provinciales, se enfundó, como los demás, la camiseta del club justamente ganador. Lejos del loor del éxito deportivo ha estado el presidente Camps, menos próximo a la ciudad, al club y a los medios, -dicen que la distancia es el olvido-, pero son muchos los que no conciben la razón, porque sabiendo de su presencia en Elche y de la posibilidad de compartir en Alicante la recepción oficial, optó por puentearla -no con un puente de Calatrava, que para eso ya está Valencia-, sino citando al equipo y directivos al Palau, lejos de tracas, cohetes y del bullicio festero de Alicante, cuando tanto ama él botar durante las Fallas de Valencia.
La otra cara nos la ofrece la angustia ciudadana en muchas poblaciones por sufrir agravios administrativos, a los que, como están cerca las elecciones, los políticos prestan especial atención, buscando paliativos, cuando no culpables a los que endosarles el entuerto. Está ocurriendo con las revisiones catastrales practicadas hace apenas tres años, cuando vivíamos en el boom inmobiliario, que asignaron a miles de inmuebles, valores hoy desorbitados, que disparatarán los recibos del IBI, salvo que se adopten medidas, y elevarán el IRPF cuando no se trata de la vivienda habitual.
El torrente de reclamaciones ante los astronómicos valores asignados, que nada tienen que ver con el valor actual de sus inmuebles y que les condenará a una sobrecarga fiscal, ha encontrado eco en la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Elena Bastidas, quien, para conseguir que el impacto sea menor, ha pedido a la Dirección General del Catastro que las actualizaciones del 2007, que los propios municipios pidieron, se revisen antes de que entren en vigor, incorporando al IBI un coeficiente desactualizador, y también, ampliar de 10 a 15 años el plazo para la conversión progresiva del valor, lo que evitaría un mayor pago fiscal por unas tasaciones tan irreales al día de hoy.
Sin embargo, pese a que se pueda encontrar al desactualizador que desactualice la actualización, que buen desactualizador sería, deberían recordar los políticos de buena voluntad, -tome nota Juan Ramón Varó, alcalde de El Campello- que, aunque la norma ya prevé que los valores catastrales no superen el 50% del valor de mercado al fijarlos, y que se tarde 10 años en llevarlos a la base liquidable, existen otros factores de frenado para actuar contra el elefantino crecimiento catastral, inspirado en el fulgor y éxtasis inmobiliario, que si se quisiese actuar contra la sobredosis fiscal, los ayuntamientos, en uso de su autonomía, pueden emplear, como son:
a) Aplicar tipos de gravamen más reducidos que los históricos para contrarrestar el aumento derivado de la revisión catastral, pudiendo rebajarlos al tipo mínimo del 0,4% para los bienes urbanos, incluso llegar hasta el 0,1%, durante los 6 primeros años desde su entrada en vigor, y
b) Aprobar la bonificación en la cuota necesaria para que su aumento debido a la revisión catastral sobre la cuota líquida del año anterior no supere un determinado porcentaje de incremento.
De modo que si los rectores municipales desean que los ciudadanos no se vean tan dañados por las revisiones catastrales tan alcistas, bastaría con que se dejaran de monsergas y se aplicaran en aprobar las fórmulas que el marco fiscal les autoriza, aunque es evidente que no se lo pueden permitir porque tienen la desgracia de cargar con un pésimo sistema financiero municipal que data de los tiempos del cuplé, y que les es insuficiente sobre todo con el insensato nivel de gastos en los que se mueven. Así que, sin perjuicio de las medidas que adopten para compensar las desmesuras valorativas, ante la necesidad, virtud: la de evitar el derroche, los gastos innecesarios y las inversiones ineficientes. Como dice el refrán, a Dios rogando y con el mazo dando.

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