La Presidencia española de la UE ya ha finalizado y, a tenor de las críticas, podría decirse que el balance no ha sido precisamente satisfactorio. Sin embargo, uno de los objetivos prioritarios era impulsar la orden europea de protección para mujeres maltratadas y éste se ha cumplido mediante la remisión de la iniciativa al Parlamento europeo, a pesar de la oposición de varios países (sobre todo de la comisaria de Justicia, la alemana Viviane Reding). Algunas asociaciones que se autocalifican como defensoras de la igualdad de mujeres y hombres han reaccionado de inmediato dirigiendo una carta a los europarlamentarios con la pretensión de que éstos se opongan a la citada euroorden porque "observan con estupor cómo se pretende, aprovechando la Presidencia española de la Unión Europea, generalizar en Europa medidas y políticas llamadas de Género que se han demostrado claramente contraproducentes, discriminatorias y son lesivas para con los Derechos Humanos así como atentatorias contra el Estado de Derecho". Tendrían que leer la carta, pues no tiene desperdicio. Estas asociaciones, en su mayoría de padres separados, reclaman la custodia compartida apoyándose en el denominado SAP (Síndrome de Alienación Parental, cuya existencia no es admitida por la OMS, entre otras muchas instituciones) y sostienen que las políticas de igualdad son discriminatorias para los hombres y que obedecen a ideologías totalitarias. Estas asociaciones alimentan mitos como el de las denuncias falsas, que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que desmentir expresamente. Pero estas asociaciones no son exclusivas de España. Están muy extendidas, comenzando por Estados Unidos donde se las denomina asociaciones de "Hombres Supremacistas". Son fruto del Backlash, es decir, de la reacción a los avances en materia de igualdad. En nuestro país esta reacción se manifiesta de muy diversas formas, si bien tres de ellas resaltan sobre las demás: 1) los ataques al Ministerio de Igualdad (y a la ministra Aído), ridiculizando su existencia y funciones y/o solicitando su supresión; 2) la solicitud de modificación del Código Civil respecto de la actual regulación de la custodia compartida, y 3) la carga constante contra la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El argumento común a todas ellas es que la verdadera igualdad de mujeres y hombres está amenazada por las leyes y las políticas que tratan de garantizarla. Se pretenden reformas legislativas contra las mujeres en nombre de la igualdad cuando el verdadero objetivo es frenar su avance. Pasa como con la moción contra el burka que se aprobó en el Senado: sus impulsores dicen que el motivo de solicitar su prohibición es salvaguardar la dignidad de las mujeres, pero me da que el verdadero motivo está más relacionado con el aliento contra la inmigración.
