El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves día 17 de junio de 2010 la Ley de Auditoría. Dentro del contenido de dicha Ley se establece que las empresas cotizadas tendrán un plazo de un año para eliminar las restricciones de los derechos de voto que existan en sus estatutos, lo que popularmente se conoce como "blindaje". Con esta operación, empresas como Iberdrola, Telefónica, Banco Popular y otras tendrán que deshacerse de las cláusulas de blindaje que ahora mantienen y sus accionistas podrán participar en sus consejos de administración sin ninguna limitación estatutaria, actuando políticamente conforme a la cuantía de su participación social. He de decir que la aprobación de esta enmienda antiblindajes ha sido posible gracias al respaldo de CiU. ¿Qué significa esta enmienda?
Hasta ahora existía en España una normativa, aprobada en el año 1999, conocida como la Ley Rato, que limitaba hasta el diez por ciento los derechos de voto a los socios mayoritarios en sociedades anónimas cotizadas. Por ejemplo, un accionista que poseyera un treinta por ciento del capital de una sociedad tenía limitado el ejercicio de su derecho a voto hasta un diez por ciento. Esta limitación, el llamado "blindaje", intentaba cumplir cierta función de salvaguarda de la posición de los socios minoristas, evitando que los mayoristas ejercieran un poder de decisión preponderante. Lo que ocurría era que la aplicación de la citada Ley se había ido convirtiendo en un mecanismo de defensa de los directivos frente a potenciales inversores legítimamente interesados en adquirir participaciones significativas o que buscaran el control de una determinada sociedad.
La enmienda antiblindajes, ahora aprobada, fue presentada en su día por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados y se fundamentaba en los principios generales de equidad y también en un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del año 2006 en el que dice que "Las sociedades cotizadas no limiten en sus estatutos el número máximo de votos que pueda emitir un mismo accionista, ni contengan otras restricciones que dificulten la toma de control de la sociedad mediante la adquisición de sus acciones en el mercado". Todo ello para dar una mayor fluidez y transparencia al mercado bursátil.
Creo que es un tema de suma importancia y que va a tener una enorme trascendencia sobre la economía española. Por ello no me resisto a emitir mi opinión, que es la siguiente: a) Las empresas multinacionales españolas, como por ejemplo las citadas Iberdrola, Telefónica, Banco Popular y muchas otras del Ibex35, podrían caer bajo el control de inversores extranjeros y la toma de decisiones en ellas no sería genuinamente española; b) Muchas de las empresas familiares de éxito, que proliferan en España, también podrían verse afectadas en la composición de sus Consejos de Administración; y c) Se puede producir el asalto a Iberdrola por parte de su socio mayoritario ACS, empresa presidida por don Florentino Pérez, y tal vez algo parecido en Repsol, por parte de Sacyr, constructora e inmobiliaria presidida por don Luis Fernando del Rivero. Hasta hay quienes dicen que esta enmienda antiblindajes ha sido aprobada precisamente para favorecer a estos dos empresarios. Aunque estimo que sólo son suposiciones.
¿Y mientras tanto qué dice la Unión Europea? La UE renuncia expresamente a formular cualquier Directiva o recomendación y no se pronuncia. Por lo tanto cada país puede legislar según su criterio. Aunque, ciertamente, abundan los que mantienen la normativa de limitación del voto.
