18 de junio de 2010
18.06.2010

¿Y cómo están ustedes con la crisis?

18.06.2010 | 07:00

Hace un par de días una amiga nuestra nos comentaba la inquietud que se estaba dando en Argentina en relación a la situación económica en España y preguntaba por email: ¿Y cómo están ustedes con la crisis? Intentamos explicarle que el fondo de la cuestión es que para que los mercados recuperen la confianza, la tienen que perder los ciudadanos.
La reciente huelga de empleados públicos se convocó en protesta por los recortes del gasto público anunciados por el Gobierno por exigencia de la UE de una fuerte e inmediata reducción del déficit público (a costa de reducir los salarios de funcionarios, congelar las pensiones para el próximo año y frenar las inversiones en obras y servicios públicos), al objeto de recuperar la confianza de los mercados financieros. Todo esto significa que dos importantes colectivos que contribuían a sostener la actividad económica por el gasto privado, al disponer de ingresos seguros, van a contar con menos recursos para mantener el consumo interno y van a ahorrar más en previsión de males mayores. La segunda consecuencia es que el tirón de las políticas keynesianas que se estaban impulsando para la reactivación económica y el empleo, sencillamente, se han ido al traste.
Y todo ello se está haciendo en toda Europa para equilibrar las cuentas públicas que se desnivelaron con la crisis económico-financiera al endeudarse los gobiernos para rescatar al capital financiero-especulador responsable de tal crisis mundial. Curiosamente estos no sólo se han recuperado sino que aún ganan más y más cada día a costa de especular contra la deuda pública, logrando incrementar los intereses que van a percibir, al tiempo que rinden a los gobiernos que se encuentran impotentes para poder ponerle coto a ese capitalismo de casino y bandidaje.
Esta opinión se encuentra ampliamente extendida en toda España y es percibida, consciente o inconscientemente, por la mayoría de la población. Aunque determinados sectores lo utilizan según les conviene y lo manejan para provocar la confusión necesaria para pescar en río revuelto.
Está claro que el neoliberalismo tiene entre sus seguidores amplios efectivos entre la clase política y, por tanto, incluso en los propios gobiernos. Pero ello no nos debe llevar necesariamente a la conclusión de que determinados países son simplemente los sicarios del capital internacional. Esto, sin duda, es cierto -unas veces más cierto que otras- dependiendo de los propios posicionamientos ideológico-políticos y de los intereses personales de los gobernantes de turno. Pero nosotros creemos que la situación actual es bastante más compleja y que nos encontramos en un momento en que el propio neoliberalismo se está reinventando a sí mismo (como con Reagan-Thatcher y hasta Bush) para lograr su continuidad durante al menos otros treinta y tantos años.
Y para ello les estorban los Estados, especialmente cuando el Estado adopta su responsabilidad social respecto al bienestar y controla así amplios espacios de servicios públicos que les limitan en sus posibilidades de negocio (la salud, la educación, la previsión social, la protección social, etcétera). Al fin y al cabo, no es más que las viejas fórmulas que siempre han intentado imponer: menos Estado y más negocio.
Pero justo en este momento esos intereses se encuentran en la mejor de las situaciones para imponerse al Estado y mantener o acrecentar la desregulación que les permita perpetuarse y maximizar sus beneficios y su poder. Justamente en estos momentos los Estados se encuentran en una situación de debilidad que puede ser utilizada para anularlos. Es una magnífica ocasión para los oportunistas del capitalismo depredador.
Desde ahí se puede entender que el próximo 29 de septiembre los sindicatos de toda Europa se movilicen en contra de las medidas de austeridad que los gobiernos de la Unión Europea están adoptando. En España las dos centrales sindicales mayoritarias (UGT y CC OO) ya han convocado la huelga general en esas fechas, al tiempo que saben perfectamente que no pretenden derribar al Gobierno socialista sino protestar contra esas medidas de rendición del Estado frente al capital e intentar evitar males mayores defendiendo nuestros derechos como ciudadanos.
No obstante, esta política común de recortes en los países de la UE está teniendo por resultado que los especuladores-financieros hayan descubierto un nicho de negocio en la distorsiones que ellos mismos provocan en los mercados al resultar más fácil y más rentable atacar la deuda para obtener pingües beneficios a costa de hipotecar a los Estados y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos.
Además, en el caso de nuestro país, el frenazo en la actividad económica y del empleo, al pincharse la burbuja inmobiliaria y aumentar espectacularmente el desempleo, ha significado un importante incremento del gasto público en las prestaciones por desempleo y que el Gobierno intenta mantener al tiempo que se ve obligado por la reducción acordada en Europa para cumplir el Pacto de Estabilidad.
Por otro lado, ese frenazo en la actividad económica y del empleo también ha brindado una aprovechable ocasión para debilitar al movimiento obrero y reducir el poder del Estado para posibilitar la explotación de otros espacios de negocio en un futuro próximo. De ahí los planteamientos de la gran patronal que presionan constantemente para lograr bajar las cotizaciones sociales de los empleadores, reducir las indemnizaciones por despido, liberar totalmente la contratación temporal, eliminar la tutela judicial y la causalidad de los despidos, ampliar a los 30 años los contratos en formación y anular la negociación colectiva, mediante la generalización del descuelgue, en un primer paso. Posteriormente esto se complementaría con la reducción de la cuantía de las pensiones (cálculo sobre toda la vida laboral), el retraso de la edad de jubilación (a los 67 años), la ampliación a 40 años de cotización para el 100% de la pensión, la sustitución del sistema público de reparto por un sistema privado de capitalización y el adelgazamiento del Estado, reduciendo el número de empleados públicos que sostienen todo el entramado del Estado Social.
(*) Firma también este artículo Jaime Rosario, licenciado en TS.

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