Barcelona se ha convertido en la primera gran ciudad española en prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos municipales, pero en este caso con una novedad relevante: lo ha hecho vía decreto. Aunque otras dos poblaciones catalanas, Lérida y El Vendrell, ya han llevado recientemente este tema a sus órganos de gobierno, otras (Tarragona y Gerona) lo hicieron ayer con resultado distintos, lo que llama ahora la atención es que su alcalde, el socialista Jordi Hereu, ha querido abrir él solito el melón. Es una manera de hacerlo, pero no parece la mejor. Da la sensación que en este caso ha primado el cálculo electoral sobre otros aspectos. Parece claro que, más allá del debate de fondo, la cuestión está siendo utilizada por unos y por otros con tintes claramente electorales, y en este contexto Hereu es conocedor de que por vez primera desde que se constituyeron los ayuntamientos democráticos se abre con fuerza la posibilidad de un cambio de signo político en la capital catalana. La sombra y el aliento de CiU están ahí.
Detrás de la iniciativa del alcalde de Barcelona ahora, como antes la de otros ayuntamientos catalanes, así como los que ya anuncian en Málaga, aparece pues una clara intención de evitar que un tema siempre conflictivo y con muchas aristas te "toque" políticamente. En todo caso, todas estas decisiones aisladas lo que ponen de relieve es la necesidad de que el Gobierno español, incluso la propia Unión Europea, metiesen la cuestión en su agenda política para que se evite convertir el tema en una arma política arrojadiza con el riesgo social que ello supondría. La cuestión, en todo caso, no parece fácil. Prueba de ello es que las intenciones de Nicolas Sarkozy de prohibir el burka en la calle ha chocado con un informe del Consejo Constitucional francés que cuestiona su viabilidad. Y hablamos de Francia.
