Bajo el epígrafe general Ley General de Salud Pública el Gobierno quiere poner orden en el cierto desorden del marco legislativo existente en el estado español consecuencia, en parte, de la voracidad normativa y competencial de las comunidades autónomas . Su objetivo, en palabras del propio Ministerio de Sanidad, sería garantizar por ley la equidad y la efectividad del sistema sanitario público español, lo que no es más que el reconocimiento de que a día de hoy esto no es así o no lo es en la medida deseable. Seguramente nos encontramos ante otro caso más de descoordinación, derroche, duplicidad de servicios, prestaciones distintas en según qué comunidad viva uno. Todo consecuencia de una manera de hacer política en España que ha llevado, también en la sanidad, a falta de eficiencia, a una peor prestación de los servicios y a un uso poco racional de los recursos, que, recordémoslo, son únicos en todo el país. Aunque, a veces, viendo lo que dicen y cómo actúan pareciera que Estado y autonomías pelearan en bandos diferentes.
