04 de junio de 2010
04.06.2010

Un pésame exculpatorio

04.06.2010 | 07:00

Soy empleado público. Y estoy muy, pero que muy, cabreado. Soy uno de los más de dos millones y medio de trabajadores/as que, una vez más, veremos reducido nuestro nivel adquisitivo para salvar al país de una crisis en cuya génesis nada hemos tenido que ver. Si esto fuera poco, una gran parte de nuestros conciudadanos, no ven del todo mal que estas medidas afecten a un colectivo como el nuestro, al que siempre se ha desprestigiado interesadamente. Esta imagen desenfocada de los empleados/as públicos, que muchos políticos y la mayoría de los medios de comunicación suelen presentar, nos convierte en víctimas propiciatorias de cualquier injusticia laboral y de no poca demagogia política y mediática
Desde que estalló la burbuja especulativa mundial y nuestra españolísima burbuja inmobiliaria, me lo veía venir. Me temía que, tarde o temprano, este Gobierno terminara haciendo lo que todos: cargarnos a los empleados/as públicos con una parte substancial del peso del ajuste. Mi única esperanza ha sido todo este tiempo que, si se pedían esfuerzos a la ciudadanía para afrontar estos tiempos difíciles, se haría con justicia distributiva, que pagarían más los que más tienen y se pondría en cintura a los verdaderos responsables de este desaguisado: el sistema financiero, los paraísos fiscales y los especuladores.
A la vista está que esta esperanza mía era vana. Este Gobierno y los del resto del mundo desarrollado, han tirado de la receta de siempre y en lugar de poner fin a la orgía especulativa y al chantaje de sus agencias de valoración, intentan en vano saciar a la bestia, recortando el gasto social y recaudando de nuestros bolsillos.
Comprendo la posición del resto de fuerzas políticas de alejarse como de la peste de cualquier apariencia de colaboración con las medidas aprobadas por el Gobierno. Nadie quiere compartir el previsible coste electoral de esas medidas, a pesar de que algunos que ahora son oposición en Madrid, son al mismo tiempo, gobierno en diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas, en las que se han distinguido por su política antisocial.
Precisamente aquí, en esta Comunitat Valenciana, paradigma del endeudamiento, el paro, los gastos suntuosos en fastos de todo tipo, los barracones, los dependientes en espera de sus ayudas y todo ello, inmersos en el fango de la corrupción, tenemos que tragarnos que, los mismos que aquí tienen responsabilidades de gobierno, alcen sus voces indignadas contra los recortes sociales y el despilfarro.
Por el contrario, aquellos que dijeron que nunca tocarían los derechos sociales, nos presentan ahora como irremediable esta etapa de recortes en toda la Europa del Bienestar. Les votamos a ellos, pero en este mundo globalizado, nos gobiernan otros, bajo la amenaza de sus redes especulativas. Ha quedado demostrado el miedo reverencial de los Estados, de la Política, ante el poder de los mercados y su incapacidad para adoptar medidas que pongan coto a los desmanes especulativos que nos han llevado a la crisis. Los políticos nos piden a todos un esfuerzo para salvar esta situación mundial, sin que nada indique que la Política vaya a ser capaz de marcarle a los mercados unas reglas de juego justas, que impidan otro desastre como éste, ni que se les vaya a exigir que aporten su parte en este esfuerzo.
Estoy cabreado, si. No tanto por el palo del recorte que me espera, soy consciente de que hay muchos conciudadanos míos en circunstancias mucho peores, sino porque tengo la sensación de que podría no servir de nada, de que salvamos, dejándolo intacto, al mismo sistema que ha fallado estrepitosamente.
Por si fuera poco, tenemos que tragarnos ahora la hipocresía y la demagogia de algunos que fingen condolerse con nosotros y se rasgan las vestiduras con lo que califican de "mayor recorte social de la historia", calificándose a sí mismos de ser "el partido de los trabajadores", habiendo sido siempre los paladines del mercado sin reglas, de los estados raquíticos y del sálvese quien pueda, como si no supiéramos que esto no es otra cosa que el resultado de sus recetas económicas desde Reagan y Thatcher.
Yo soy funcionario del Ayuntamiento de Alicante y conozco de primera mano como, el mismo gobierno municipal, que ahora dice lamentarse por tener que aplicar "por imperativo legal" el injusto recorte salarial a sus funcionarios, lleva aplicando su propia política de recortes de derechos laborales y sociales desde el año 2008, incumpliendo los acuerdos vigentes.
Y estos, no sólo han afectado a las retribuciones de sus empleados, ahorrándose más de un millón de euros en dos años, sino que han recortado en un 30% las ayudas sociales contempladas en los acuerdos y han excluido de las mismas, de un plumazo y sin despeinarse, a los jubilados municipales, que tanto parecen preocuparles ahora.
Que estemos jodidos no significa que nos volvamos tontos. De modo que, pueden ustedes ahorrarse su pésame exculpatorio.

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