El juzgado ha dado la razón al propietario de los locales del registro y oficina Prop del Ayuntamiento de Torrevieja y ha ordenado el desahucio de las dependencias el próximo 28 de enero. Si el municipio no abandona las instalaciones antes de ese día -y no logra un aplazamiento- la comisión judicial llevará a cabo el lanzamiento y desalojo. Además impone a la administración local el pago de la cantidad adeuda al dueño por el alquiler de un año: 63.200 euros. Según ha podido confirmar este diario de fuentes de la propiedad y del Ayuntamiento de Torrevieja, el juzgado no solo ha validado el lanzamiento, sino que también ha reconocido todas las reclamaciones económicas del demandante a la hora de que la administración le abone las cantidades adeudadas.
El Ayuntamiento va a apelar la sentencia, algo que, por otra parte, si el juzgado acepta el recurso, le daría cierto margen para llevar a cabo lo antes posible el desalojo y cambio a unas nuevas dependencias, propiedad municipal, junto al edificio del Ayuntamiento. Obra que, a expensas de nuevos imprevistos siempre presentes en la gestión municipal, se está terminando en estos momentos, aunque la mudanza de las áreas de Censo y Estadística y el propio Registro, que no parece que vayan a ser especialmente fáciles. No solo por problemas técnicos también por los que plantea el personal de ambos departamentos.
El propietario quiso aclarar ayer a INFORMACIÓN que ha hecho todo «lo posible» por evitar esta situación «más que insólita». «Lo que sí es cierto es que llevan 20 meses sin pagarme. Les aviso con tres meses de antelación de que tienen que irse. No contestan. Ni caso. Y al mes de no atender la petición les digo por escrito les informo de que si no se van el alquiler es mayor. El Ayuntamiento deja de pagar porque le da la gana, no se va, y en su soberbia cree que puede hacer lo que quiera. Y a los quince meses pido el desahucio».
Como avanzó esta edición, el dueño de las oficinas del Prop y registro municipal de Torrevieja presentó en octubre pasado una demanda de desahucio contra el Ayuntamiento por impago del alquiler. El juzgado fijó el juicio para el 18 de diciembre y el desalojo para el 28 de enero. El propietario, un empresario de Torrevieja, quiso aclarar ayer que su decisión era que el Ayuntamiento dejara el local, y que así lo comunicó con anticipación por escrito antes de que expirara el contrato en junio de 2017. Cuando no obtuvo respuesta fue cuando modificó al alza el precio del arrendamiento, de 2.497 euros a 4.500, un incremento del 121%.
El demandante quiso aclarar que su actuación se precipitó en el momento en el que el Ayuntamiento se negó -al no responder a su petición de que dejara el local- y que la actuación judicial y el incremento legítimo del precio está motivada por esa negativa. Los juzgados han reconocido al empresario su derecho tanto a elevar el valor del arrendamiento, con el pago del equivalente a un año de alquiler, como a hacer efectivo el desalojo. El municipio, por su parte, provisionó desde el momento en el que tuvo constancia del lanzamiento e hizo efectiva hace unos días la cantidad adeudada de un año, pero cuantificada con el valor del alquiler anterior: 29.000.
El Ayuntamiento no se planteó en junio de 2017 negociar otro contrato porque consideraba que el cambio a una sede definitiva que se estaba construyendo iba a ser inminente, algo que no ocurrió porque la empresa que estaba realizando la obra la abandonó y solo se ha podido retomar tras adjudicar otro contrato, hace un par de meses.
Los técnicos municipales que supervisaban el servicio -sin contrato- se negaron a validar las facturas de 4.500 euros que iban llegando y las devolvieron. Su argumento era que el precio a pagar por una administración pública de un alquiler debe ampararse en informes técnicos que reflejen el valor del mercado. El municipio reclamó que se presentaran las facturas conforme al precio por el que regía la prestación durante el contrato -2.497 euros al mes-. Fue entonces cuando la propiedad interpuso la demanda de desahucio el pasado 25 de octubre.
Importante
La oficina del Prop y registro municipal, con 175 metros de superficie distribuidos en un bajo de la calle Bazán, fue inaugurada en junio de 2009. La administración invirtió 68.000 euros en el local pese a que no ser propietario del inmueble a escasos metros del Ayuntamiento. El Prop y registro son, junto a las oficinas del Censo, las que más trabajo de atención al público asumen en el Ayuntamiento.
