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La acusada de matar a su bebé en Elche dice que acordaron fingir un accidente

La madre del niño, que murió estrangulado tras una paliza, asegura que su pareja le confesó que le había golpeado, pero lo ocultó a la Policía porque «me dijo que si hablaba nos detendrían a los dos»

La madre del menor y su pareja, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia en Elche. antonio amorós

La joven acusada de asesinar a su bebé de tan solo dos años en Elche reconoció ayer en el juicio que mintió a la Policía al tratar de hacer pasar por un accidente los graves golpes con los que ingresó el pequeño en el hospital y que le causaron la muerte días después. Y lo hizo, dijo, porque su pareja, el otro implicado en esta causa «me dijo en el hospital que le había dado él el golpe, pero que no dijera nada porque nos iban a detener a los dos» y no quería separarse del pequeño, que llegó a Urgencias inconsciente. De esta forma Cristina, la madre del pequeño Aarón, negó cualquier responsabilidad en el asesinato de su hijo. La del accidente, no obstante, fue tan solo una de las «auténticas barbaridades» que contaron a las autoridades, llegando a dar hasta cuatro versiones distintas de lo sucedido, tal y como se refleja, según las acusaciones, en los atestados.

La Fiscalía pide para ella y para su pareja 25 años de prisión por un delito de asesinato y otros tres por maltrato habitual, ya que los informes médicos y forenses señalan que el niño tenía hematomas antiguos, por lo que la paliza que le llevó a la muerte no fue un hecho aislado. Las acusaciones particulares, que representan al padre biológico y a la abuela de la víctima, son más contundentes, y piden la máxima pena contemplada por la ley: la prisión permanente revisable - la primera vez que se piden en un juzgado de la ciudad-. La Fiscalía, según señalaron fuentes del Ministerio Público, también podría sumarse a esa petición de condena en su escrito definitivo.

La joven, que tenía 27 años en el momento en el que se produjeron los hechos, negó también tener constancia de que su pareja, José Antonio, pegaba habitualmente al niño. «Nunca habría dejado que maltrataran a mi hijo. Si hubiera podido prever lo que iba a pasar me hubiera vuelto a Madrid».

Madrid, de hecho, era su ciudad natal. Según ha mantenido hasta el momento, vino a Elche en abril de 2018 «huyendo» del padre biológico del niño, a quien denunció por violencia de género una vez se trasladó a Elche. Una denuncia que el abogado del padre de la víctima, Marcos García Montes, calificó como «denuncia falsa, interpuesta para justificar que se fugó con el niño y que su padre no pudiera denunciarla por llevárselo». Una afirmación que tendría respaldo por el hecho de que «la Fiscalía pide para él la libre absolución».

Fuera como fuese, en abril de 2018, la joven se trasladó a Elche junto con el pequeño en abril de 2018, y comenzó a vivir con el otro acusado, un chico de 24 años al que había conocido jugando a la videoconsola a través de internet. La chica dijo que la mañana en la que se produjeron los hechos, el 13 de septiembre de 2018, había salido al médico y a la farmacia, dejando al pequeño a cargo de José Antonio. Cuando regresó a la vivienda «me encontré al niño con la mirada ida, y me dijo que se había dado un mal golpe».

«Cachetes correctivos»

No obstante, insistió en que no tenía constancia de que el menor sufriera maltrato habitual, ni por ella misma ni por su pareja, más allá de «cachetes» correctivos. Tan solo reconoció que le había visto «moretones en la barriga» unos días antes y que cuando pidió explicaciones a su pareja le dijo que «le había estado dando un masaje al niño para que pudiera hacer de vientre». La Fiscalía exhibió entonces las fotografías realizadas al pequeño Aarón en el hospital, en las que se apreciaban fuertes moretones y golpes por todo el cuerpo. «Solo recuerdo los de la barriga», se limitó a apostillar.

Al cierre de esta edición, la acusada continuaba prestando declaración y aún estaba pendiente de conocerse la versión del otro acusado. Sin embargo, su letrado, Miguel Ángel Cánovas, adelantó en su alegato inicial ante el jurado su estrategia de defensa. «José Antonio reconoce el empleo de la fuerza física de vez en cuando para corregir la conducta del menor», pero «no es un asesino ni quiso acabar con la vida del menor». Así, atribuyó la paliza a que la mañana de los hechos le «sobrevino un ataque de ira por un trastorno mental transitorio» provocado por el consumo de alcohol y drogas. «El día anterior consumió de 10 a 12 porros. La noche de antes alcohol y 40 euros de cocaína» y esa misma mañana «también consumió». El juicio continúa hoy y está previsto que se alargue incluso hasta el fin de semana, debido a la gran carga testifical y pericial.

«No veo arrepentimiento. Me gustaría tener respuestas al porqué lo hizo»

El padre y la abuela del menor piden conocer la verdad y que se «haga justicia con la máxima pena»

«No veo arrepentimiento. Si te arrepientes piden perdón al menos y cuentas la verdad, no vas dando una versión con cada declaración». Así lamentaba ayer Félix Gálvez, el padre del niño de dos años asesinado en Elche en septiembre de 2018 la incertidumbre que lleva viviendo todo este tiempo alrededor de qué llevó a su hijo a perder la vida, asfixiado. Los acusados son su expareja y el chico con el que vivía en el momento del asesinato. «Que digan qué han hecho con mi hijo y por qué. Es lo que no me saco de la cabeza. Me gustaría tener respuesta para todo, con eso duermo todas las noches. ¿Por qué te escapas de Madrid para venirte a Elche? ¿Por qué le haces eso a mi hijo? Si no lo quieres dámelo a mí, soy su padre», contaba instantes antes de derrumbarse.

Félix llevaba más de seis meses sin saber nada de su hijo cuando recibió la llamada de la Policía Nacional pidiéndole que se trasladara a Elche desde Madrid. La madre le había puesto una denuncia por violencia de género que le impedía saber siquiera dónde esta. «Y de repente, lo que sé es que le han dado una paliza brutal». El pequeño murió cuatro días después de recibir esa llamada de los agentes. «Ahora solo queremos justicia, que se les aplique la máxima pena, la prisión permanente revisable».

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