Una década de investigación y una veintena de sesiones de juicio por delante para un proceso que ya está sentenciado. De hacerlo se encargó un tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial que en septiembre de 2017 y contra el criterio del instructor, el magistrado Manrique Tejada, sacó de la causa al arquitecto Jesús Quesada, redactor del planteamiento de Alicante supuestamente amañado y piedra angular del caso.
En aquel momento se tenía que haber dado por finalizado el más que lícito y justificado interés de la Fiscalía Anticorrupción y la Policía por esclarecer si, como sospechaban y han venido manteniendo a lo largo de esta larga instrucción, los exalcaldes del PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo recibieron prebendas del constructor Enrique Ortiz a cambio de facilitarle información reservada de por dónde iba a ir el desarrollo urbano de la ciudad. Pistas con las que el empresario, una vez aprobado el plan, habría hecho caja.
Pero aquella revisión nunca vio la luz. De ella se desistió precisamente por el peso de las sospechas. Y la Audiencia hizo el resto al enmendar la plana tanto a Tejada como al magistrado Juan Climent, quien llevó parte de la instrucción en el Tribunal Superior de la Comunidad dada la condición de aforados de Alperi y Castedo, entonces diputados autonómicos. Cuestión aparte es que después ambos dimitieran acarreando el traslado de la causa a Alicante y un considerable retraso de las actuaciones del que, paradójicamente, ambos se han quejado amargamente. Pero eso es otra historia.
Estábamos en que echando por tierra las conclusiones a las que se había llegado tras años de pesquisas en cuanto a los hechos y a sus supuestos responsables, un tribunal de la Audiencia de Alicante formado por los magistrados Javier Guirau, Julio Úbeda y Cristina Costa estimó el recurso que contra su procesamiento había interpuesto Quesada y concluyó que no había indicios de que el arquitecto responsable de trazar las líneas que separaban lo rústico de lo urbanizable, de marcar en definitiva qué terrenos resultaban agraciados con el gordo de la rentabilidad, hubiera facilitado dato alguno a Ortiz ni hubiese alterado el documento para beneficiar al promotor. Ni lo hizo él ni el responsable municipal de Urbanismo en aquellos momentos, José Luis Ortuño, al margen de este proceso. Pero al mismo tiempo y en el mismo auto en que se exoneraba al arquitecto de toda culpa se ratificaba el procesamiento para el resto de los acusados: además de Ortiz y los dos exregidores, los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa) y su socio Javier Gutiérrez, un hermano y dos empleados del promotor y el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda. De locos.
Aún así, el camino hacia el banquillo de este proceso siguió su curso no exento de algún que otro sobresalto. Como cuando, a principios del pasado febrero, Salvador Águeda alcanzaba un acuerdo con las acusaciones por el que admitía haber pagado 116.000 euros para que le recalificaran unos terrenos. A cambio, el ilicitano limitaba la pena de cárcel a tres meses y blindaba su responsabilidad civil en 14.500 euros. Cuestión nada baladí en un proceso donde entre posibles indemnizaciones y multas se habla de millones.
Una senda, la iniciada por Salvador, a la que en abril se sumó Ortiz para regocijo tanto del fiscal Felipe Briones como de las acusaciones particular y popular, que se ejercen en nombre del Ayuntamiento y el Esquerra Unida, respectivamente, y que en estas negociaciones han ido de mano.
En pleno confinamiento y espoleado a buen seguro por el resultado de su pacto con Anticorrupción en el proceso por la financiación ilegal del PP (donde quedó en multa una petición inicial de pena que le habría llevado a prisión), el empresario admitió haber corrompido a Castedo y a Alperi a base de prebendas para conseguir de ellos información reservada del PGOU. ¡Bingo! El futuro inmediato para las acusaciones no podía pintar mejor. Con la confesión de Ortiz y, en menor medida, la de Salvador, ¿qué les podía salir mal?
Tanto es así que los dos exregidores sopesaron seguir el mismo camino que los empresarios para conseguir rebajas en sus penas. Como cuando en el proceso por la financiación del PP a la confesión de Ortiz siguieron las de los demás empresarios encausados y, como colofón, la de quien fuera uno de los puntales del partido en la Comunidad, Ricardo Costa, lo que acarreó una cadena de condenas que, aunque menores, habría costado conseguir de otro modo.
Metidos en esta dinámica, Alperi, a quien desde hace más de una década representa el penalista valenciano Vicente Grima, llegó incluso a incorporar a su defensa al mismo letrado que negoció la conformidad de Ramón Salvador y posteriormente la de Ortiz, el ilicitano Miguel Torres. Fue durante apenas unas semanas en las que los intentos por sumar las conformidades de los dos expolíticos chocaron, sobre todo, con las pretensiones económicas del fiscal. Hasta la posibilidad de realizar trabajos en beneficio de la comunidad como alternativa para saldar la deuda con la Justicia se puso sobre la mesa en el caso de Castedo. Pero los acuerdos no cuajaron, Alperi se refugió de nuevo en Grima y las aguas volvieron a su cauce. En cualquier caso, la confesión de Ortiz era caza mayor y con su conformidad las condenas estaban garantizadas en un proceso complicado y con una instrucción cuestionada. No era poca cosa.
No contaba el fiscal, ni el resto de las acusaciones ni, al parecer, Ortiz con que una sentencia de la sección de la Audiencia desplazada en Elche iba a cambiar el curso de la historia. Una resolución de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Martínez Aroca y que ha absuelto a los 34 acusados en el primer macroproceso que ha llegado al banquillo derivado del caso Brugal, del que se desgajaron una veintena de causas, una de ellas la del PGOU.
Aplicando la teoría del árbol podrido y anulando de un tajo las primigenias escuchas que dieron origen al mayor proceso de corrupción que se ha investigado en la provincia, el tribunal de Elche no sólo ha dejado heridos de muerte el resto de los procesos, pese a que la resolución no es firme y sin obviar la autonomía de cada tribunal a la hora de validar las pruebas de los casos que juzgue. Ha hecho algo más. Ha dado las alas necesarias a los confesos, al menos a Ortiz por el momento, para que donde dijo digo, diga Diego. El empresario ha pasado de declararse autor de delitos de corrupción a decir que poco menos que él pasaba por allí. Una decisión amparada por su legítimo e incuestionable derecho de defensa pero de difícil explicación en un proceso que, quizá por emanar de donde lo hace, desde el principio huele a basura. Por mucho que ya esté sentenciado.
