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La falta de financiación del Estado limita al Consell para reactivar la economía y lastra la recuperación

Otro informe del IVIE advierte de que al descontar los recursos para los servicios públicos básicos, el dinero que se transfiere para relanzar la actividad o potenciar la investigación es mucho menor que el de otras autonomías

Gasto de la comunidades autónomas en desarrollo regional

La salida de la crisis económica y social creada tras la gran crisis sanitaria provocada por la covid-19 ha vuelto a evidenciar, cada día más, los problemas de financiación de la Comunidad Valenciana. A la cola de los territorios peor financiados y con la anunciada pero irremplazable y ansiada reforma del sistema de reparto de recursos que concede el Estado completamente paralizada, cada vez son más los lastres que impiden a esta autonomía avanzar hacia la «nueva normalidad». Con los recursos actuales, que no tienen visos de mejorar a corto plazo y si no hay un giro brusco de timón, queda lejos el objetivo de alcanzar una «normalidad mejorada», tal y como expresó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig hace unos días. Esa mejora, ese cambio hacia un nuevo horizonte requiere de recursos, de inversión, de financiación que permita no solo cubrir las necesidades básicas que impone el estado de bienestar, sino que ayude además reactivar la economía.

La merma de combustible hace que la Generalitat disponga de los fondos imprescindibles para mantener los pilares del estado de bienestar, unas competencias adquiridas estatutariamente, que le son propias como es el caso de la sanidad, los servicios sociales y la educación. Pero una vez descontadas esas parcelas, la porción más grande de la tarta, la gasolina que sobra para mover el motor que activa la producción económica es muy escasa. El contador de combustible para estimular lo que se considera el desarrollo regional está en la reserva. El dinero para avivar el impulso económico, la protección del medio ambiente, la vivienda y los servicios comunitarios, la cultura y el apoyo a la I+D+i es todavía inferior al que se concede a otras autonomías. Por tanto, la brecha se agranda al avanzar más lentas las comunidades más pobres. Autonomías como esta, que están obligadas a circular a otra velocidad.

El último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) contempla que la Comunidad Valenciana dispondrá de muchos menos recursos para las políticas de desarrollo regional necesarias para superar la covid-19 que las regiones favorecidas por la financiación autonómica. Desde hace meses, nadie cuestiona las desigualdades en los recursos de las comunidades autónomas. Ni siquiera el Gobierno central entra a discutir este asunto. Es un hecho constatado que los 3.096 euros que el estado transfiere por cada ciudadano de la Comunidad Valenciana (con datos de la liquidación de 2018) suponen 400 euros menos que la media nacional, casi mil euros menos que un cántabro -la comunidad que se financia por el régimen ordinario que más dinero recibe por habitante- y nada menos que dos mil euros menos que un vasco o un navarro, territorios que se benefician de un régimen foral de cupos. Pero es que el nuevo informe del IVIE, elaborado por su director de Investigación, Francisco Pérez y por la técnica de investigación, Silvia Mollá, descubre otra grieta al descontar los ingresos recibidos para cubrir los gastos en servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y protección social). Dejando a una lado estas competencias que están obligadas a afrontar los gobiernos autonómicos para afrontar los efectos de la pandemia -especialmente en los aspectos relacionados con todo el sistema sanitario-, los recursos para impulsar la economía regional quedan mucho más limitados en unos territorios que en otros.

Doble esfuerzo

En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, los gastos en servicios públicos fundamentales por habitante se sitúan en la media (99,7%), pero para alcanzar ese nivel que aproxima los servicios a los de las demás regiones, dichos gastos absorben el 87,6% de los ingresos netos de la Comunidad. En 2018, la autonomía dispuso de 17.285 millones de euros de ingresos no financieros que, una vez descontadas las transferencias a otras administraciones, los intereses de la deuda y los gastos en servicios generales y seguridad, dejaban 13.370 millones de euros disponibles para servicios públicos fundamentales e iniciativas de desarrollo regional.

De esa cifra, 12.997 millones, el 97%, se destinaron a sanidad, educación y servicios sociales, de modo que solo el 3% restante se pudo emplear en ayudar al impulso económico de la región, con medidas de protección del medio ambiente o apoyo a la investigación. Si le añadidos que estos recursos para desarrollo regional se suplementan con más endeudamiento (mediante préstamos), el gasto en esas políticas ascendió a 1.947 millones de euros, o lo que es lo mismo, el gasto por habitante en esas partidas fue de 392 euros, el segundo más bajo, solo por delante de Murcia (376). Y como comparar es odioso, en Navarra el gasto por habitante para reactivar la actividad económica alcanzaba los 871 euros en 2018; La Rioja y Cantabria superaban ese año los (el último disponible) los 800 euros por habitante, y así una a una todas las comunidades, lo que produce una media por habitante que es unos 100 euros superior a lo que perciben los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Más brecha, más lentos, más pobres.

Riesgo de divergencia regional si no llegan recursos suplementarios

Riesgo de divergencia regional si no llegan recursos suplementariosPara los autores del documento,Francisco Pérez y Silvia Mollá, investigadores del IVIE, «el Gobierno debería tener en cuenta las diferentes circunstancias financieras de las comunidades autónomas al diseñar y asignar los fondos extraordinarios destinados a la recuperación, pues la capacidad de respuesta de las economías regionales al impacto del COVID-19 es mucho más limitada en alguna de ellas». Pérez y Mollá consideran que, mientras que no se adopten medidas para que los sistemas de financiación dejen de generar asimetrías, «las comunidades que cuentan con menos recursos deberían recibir fondos para la reconstrucción de manera prioritaria, pues de otro modo esa reconstrucción se producirá a diferentes velocidades y existirá mayor riesgo de divergencia regional».

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